¿Qué hubiera pasado si la ex guerrilla guatemalteca hubiera ganado la guerra?
Algremio militar se le ha culpado y acusado de todo, hasta de la debacle política por la cual hoy atraviesa el país. Claro, los que lo acusan son ex miembros de la ex guerrilla y oportunistas de la izquierda radical escondidos en un sinnúmero de organizaciones parásitas de la caridad internacional. ¿Cuándo estas organizaciones o nuestro Procurador de los Derechos Humanos o nuestra premio Nobel de la Paz, se han preocupado por llevar a prisión a todos aquellos miembros de las organizaciones clandestinas guerrilleras que masacraron y asesinaron pueblos enteros (la masacre del Aguacate, Chacalté en el triángulo ixil, y tantos otros miembros del Ejército masacrados que se opusieron a sus perversos fines? ¿Cuándo van a pagar estos pícaros la voladura de miles de postes del tendido eléctrico, quema de escuelas, centros de salud, destrucción de puentes y el famoso cobro del impuesto de guerra exigido indiscriminadamente a todos los guatemaltecos? ¡Ha! Eso sí. Cuando el caso fue supuestamente cometido por un militar, le caen todos los demonios encima.
La aberración jurídica cometida por el Tribunal de Sentencia de Chiquimula, llevada a cabo el 3 de diciembre del año próximo pasado y en la cual se le impuso una sentencia de 53 años de cárcel al coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa y a 3 ex Comisionados Militares por la masacre ocurrida el 21 de octubre de 1981, en la aldea el Jute del mismo departamento, es una muestra clara que las sentencias en Guatemala se imponen más por venganza que por hacer justicia.
Dicho tribunal, debió hacer valer su independencia e imparcialidad, la que se puso en duda al aceptar la presencia del señor Procurador de los Derechos Humanos, quien se constituyó en juez y parte, de la misma manera también actuó el Fiscal del Ministerio Público; y otros intrusos; con claras intenciones de presionar a que se condenara a los militares.
Lo que sucedió en el Jute, según testigos idóneos, fue que el 14 de agosto de 1981, un grupo de lugareños (entre ellos, algunos ex comisionados militares) se pusieron a jugar cartas y poco después, al calor de los tragos sacaron a relucir sus diferencias personales por la posesión de las tierras y la competencia sobre la venta de licor clandestino. En esta trifulca salieron gravemente heridos varios vecinos lo que motivó poco tiempo después a que se sucediera tan infame crimen.
Lo peor del caso fue, que el tribunal en alusión, le dio validez jurídica a lo dicho por dos testigos que en ese tiempo tenían de dos y tres años de edad respectivamente, quienes afirmaron, 28 años después, que vieron llegar a la aldea mencionada, al coronel Sánchez Samayoa, comandante de la Zona Militar de Zacapa, en un camión militar con 150 soldados. Realmente y desde cualquier punto de vista, eso es imposible, debido a que en un vehículo de tal naturaleza si mucho caben 60 personas. Además, en ese tiempo la aldea el Jute no tenía accesos carreteros y es bastante cuestionable creer que el propio Comandante de la Zona Militar dirigiera tal operativo en contra de su propio pueblo. Y lo todavía más increíble es el aceptar que dos niños de dos y tres años de edad, supieran contar para sacar tales conclusiones.
La sana doctrina del Derecho, debe predicarse pero también debe aplicarse; de no ser así, no tendría razón de ser la digna profesión de Abogado. Los juicios políticos también deben apegarse a tal sistema, de lo contrario se convierten en hipócritas representantes o simples sainetes para saciar la sed de venganza de algunos malos ciudadanos.
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