Por dictar una resolución injusa a sabiendas de que lo era.
Comparto la noticia publicada por el periódico “Universal” de México el domingo pasado, acerca de la posible inhabilitación por hasta 20 años de este juez; la cual posiblemente no sea difundida de manera amplia por los medios nacionales, por la cantidad de eventos que se suceden cotidianamente en nuestro país.
La nota periodística en mención, hace referencia a las acusaciones presentadas por las organizaciones Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que lo acusan de prevaricación, “por dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975)”.
Las acusaciones iniciaron el año pasado cuando la Sala Segunda decidió tramitar una querella en la que se imputó al juez en mención los delitos de prevaricación “palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune” por su actuación en el proceso citado anteriormente. Esta decisión fue adjetivada como sorpresiva por la periodista María Peral: “La sorpresiva decisión de la Sala Penal del Supremo ha sido adoptada por su presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. La resolución es unánime. Objeto de múltiples querellas, Garzón se había librado hasta ahora de todas ellas y en esta, presentada el pasado 26 de enero, contaba con un informe favorable de la Fiscalía del Supremo que, como es habitual, le exoneraba” (‘elmundo.com’ 28/05/09).
La periodista explicó que la desaparición forzada de personas no está en el elenco de delitos que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional. Sin embargo, en un autodictado el 16 de octubre de 2008, Garzón introdujo el “alzamiento nacional” como nuevo objeto del procedimiento, pese a que las denuncias –y su propia actuación hasta el momento– no se referían en absoluto a ese hecho, circunscribiéndose a las desapariciones forzadas. El juez tipificó el “alzamiento nacional” como delito contra los altos organismos de la nación y la forma de gobierno, que sí es competencia de la Audiencia Nacional, y lo declaró conexo con las desapariciones. O sea que el juez Garzón perdió su idoneidad, sin más.
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