Nuevamente la CICIG y la Corte de Constitucionalidad (CC) enmiendan la plana al Congreso de la República, uno de los organismos en los cuales el pueblo delega la soberanía del Estado de Guatemala.
Por segunda vez consecutiva, ponen al Organismo Legislativo en un brete porque lamentablemente las Comisiones de Postulación no han cumplido a cabalidad con sus responsabilidades y obligaciones, bajo principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.
El Congreso se ha visto envuelto en bochornosos procesos de elección que han tenido que revertirse. No obstante que la obligación legal de verificación del cumplimiento de requisitos y selección de los mejores corresponde a dichas Comisiones, dentro de los listados de candidatos seleccionados por las Comisiones de Postulación han incluido a personas que han tenido que ser tardíamente desplazadas, porque ha resultado que no eran ni tan idóneos como parecían ni de tan reconocida honorabilidad como aparentaban.
Los integrantes de las Comisiones de Postulación están obligados a filtrar y seleccionar a las personas con mejores méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana para desempeñar los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Contralor General de Cuentas, Director de la Defensa Pública Penal y Procurador de los Derechos Humanos.
Nuevamente la CC le enmienda la plana al Congreso y le obliga a revertir lo actuado. La elección del Director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) resultó que estaba viciada desde el principio por aparente contubernio, complacencia o negligencia de la Comisión de Postulación y, según la información proporcionada por CICIG, se eligió a un personaje cuestionado.
La terna de seleccionados por la Comisión de Postulación debía incluir a tres profesionales incuestionables, pero luego que el Congreso eligiese a uno de ellos, la CICIG informa al Presidente del Congreso que este personaje tiene antecedentes de cuando ejerció como juez por retardo en la administración de justicia, maniobras dilatorias, antejuicios por supuesta violación a la Constitución, prevaricato, cohecho y acoso sexual.
Sin soslayar su responsabilidad, el Congreso no puede seguir recibiendo nominados que no sean personas de reconocida honorabilidad. Atención que este año el Presidente de la República elegirá al Fiscal General, y el Congreso a dos miembros del Consejo del MP y también al Contralor, de sendas nóminas de seis, de profesionales seleccionados por las Comisiones de Postulación.
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