Se trata de un documento entregado por Global Financial Integrity en el que se recomiendan medidas para evitar “sobrefacturaciones” y “subfacturaciones”.
La semana pasada un grupo de empresarios se reunió a cenar con el vicepresidente Rafael Espada. El propio vicemandatario cuenta que estaban interesados en ver “la lista” de evasores que según ellos entregó a Carlos Castresana unos días atrás y que sumarían un millar.
Sin embargo, se trata de una serie de recomendaciones que Global Financial Integrity (GFI) hizo al país, explica.
Fuentes del Ejecutivo y el opositor Alejandro Sinibaldi aseguran que la conferencia de prensa en la que Espada hace 2 semanas señaló a los empresarios de sobrefacturar y subfacturar hirió susceptibilidades entre los empresarios. Según el GFI Guatemala dejó de percibir US$344 millones en exportaciones y US$901 millones en importaciones “subfacturadas”, citando estadísticas del Fondo Monetario Internacional entre 2003 y 2006.
Como medidas correctivas en el caso de los licitadores en contratos para el Gobierno, GFI propuso además de declaraciones de propiedad más detalladas, sanciones drásticas para quienes proporcionen datos falsos: la cancelación del contrato o de los pagos, la anulación de los derechos del firmante y el postor de la oferta con futuros contratos de Gobierno.
GFI recomendó en el caso de las exportaciones y las importaciones el uso de la base de datos Internacional Price Profiling System (IPPS). El sistema permitiría “identificar productos y bienes (mercancías) que han sido excesivamente caros o se han vendido demasiado baratos, de vez en cuando o sistemáticamente y la capacidad de usar la base de datos en los puertos de entrada de modo que los funcionarios de aduana sean capaces de determinar si el precio contra una factura es dentro de una gama aceptable para aquelartículo en particular, permitiendo a la aduana parar importaciones o exportaciones”.
GFI ofreció incluso un mes gratuito el sistema de IPPS.
Las formas de factura de importación propuestas contendrían un párrafo para ser firmado por el exportador y por el importador, que confirman la acción de poner el precio de mercado mundial para que el IVA, derechos de aduana, o impuestos sobre ingresos no puedan ser manipulados.
GFI aclara que en el caso de exportaciones en Estados Unidos, ya requieren que bancos proporcionen tal verificación de precios bajo normas puestas por el Consejo de Exámenes de Instituciones Financieras Federal y además advierte que para Guatemala, que es uno de los suscriptores del CAFTA, es importante promulgar normas de precios de transparencia.
Muchas de las exportadoras y multinacionales recurren a filiales para completar una venta a un “precio artificialmente bajo” para generar mayores ganancias pagando tasas más bajas. Muchos países cuentan con sistemas de empresas sujetos a transacciones con paraísos fiscales. Como parte de las medidas de control antievasión y de lavado de dinero se sugiere que el auditor deba estar obligado a certificar que la transacción no viola las normas de fijación de precios de transferencia.
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