El Gobierno pidió a la PGN analizar los términos del contrato entre Desarrollos Circe y la Empresa Portuaria Quetzal para la inspección de contenedores.
Louisa Reynolds
Hace una semana, agentes de la División de Análisis e Investigación Antinarcótica (DAIA) decomisaron en Puerto Quetzal un cargamento de 260 mil tabletas de pseudoefedrina. La ubicación geográfica de Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico, lo convierte en uno de los mayores objetivos del contrabando.
Frenar el contrabando y la defraudación aduanera en este punto es un reto cada vez mayor, sobre todo cuando los métodos utilizados para ingresar mercancías ilícitas al país se vuelven cada vez más sofisticados, según expertos en seguridad portuaria.
En Europa y Estados Unidos incluso se han detectado cargamentos de camisas y otras prendas que contienen cocaína de esta manera: las prendas se empapan en una sustancia que contiene la droga, se secan y planchan y al llegar a su destino se vuelven a remojar para extraer la droga.
El 19 de octubre de 2009 se adjudicó a un consorcio conformado por las empresas Desarrollos Circe S.A., L3 (fabricante de rayos X) y Bureau Veritas (operador) un contrato para la inspección de carga en Puerto Quetzal, con el uso de rayos X por un precio de US$22.99 por contenedor (IVA incluido). El servicio debería iniciarse 8 meses después de la firma del contrato.
Este es el único contrato estatal adjudicado a esta empresa. En la licitación hubo otro oferente: Serra Estrella S.A. (Prosersa), pero su oferta fue rechazada luego de que esta empresa no presentó una declaración jurada que diera constancia de que contaba con el respaldo del fabricante o distribuidores autorizados para dar mantenimiento a los equipos suministrados.
En el portal de Guatecompras, aparecen dos inconformidades contra el contrato, pero fueron declaradas improcedentes.
Las inspecciones con rayos X que realizará Desarrollos Circe S.A. se insertarán dentro del Programa de Seguridad Portuaria (PSP) implementado por la DAIA con la asesoría del Narcotics Affairs Section (NAS) del Gobierno estadounidense.
Actualmente se abren y se inspeccionan ciertos contenedores en base a un análisis de riesgo que toma en cuenta factores como el origen de la mercancía, la naviera que lo transporta y los lugares por donde pasó.
Dada la cantidad de contenedores que arriban a Puerto Quetzal es imposible inspeccionarlos todos, problema que se resolverá con la inspección no intrusiva con rayos X.
Sin embargo, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) pide que el contrato se declare lesivo, debido, entre otros factores, al costo del servicio prestado.
“No se tomó en cuenta a todos los actores involucrados, entre ellos los usuarios, a la hora de adjudicar el contrato, los cobros nos sacan de competitividad y no estamos de acuerdo con que se aplique a la carga universal porque sólo Estados Unidos exige ese tipo de inspecciones”, afirma Andrea Escobar, directora ejecutiva de Cutrigua.
“Estados Unidos amplió el plazo hasta 2014. Entonces no tiene sentido implementar un sistema de inspección con un equipo cuando no sabemos si lo van a topar”, agrega.
En respuesta a estos reclamos, Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, dijo que el Gobierno ha pedido a la PGN que investigue el tema para determinar la posible lesividad del contrato.
elPeriódico visitó las oficinas de la empresa, cuya dirección, según la ficha publicada en el portal de Guatecompras es 15 avenida 18-82 zona 13, y comprobó la existencia de las mismas.
Se intentó hablar con Luis Villar y Bergil Yas, director y representante legal de Desarrollos Circe S.A. respectivamente, pero se encontraban fuera del país y no respondieron al correo electrónico que se les envió.
Rodolfo Kuhsiek, quien asumió el cargo de gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) después de la firma del contrato con Circe, afirma que “se han hecho acercamientos” con Cutrigua para “diseñar en conjunto un plan de implementación que no perjudique el flujo de ingreso y salida de la carga del puerto”.
Según Mauricio López Bonilla, auditor de Business Alliance for Secure Commerce (BASC), urge implementar la inspección con rayos X de acuerdo a las exigencias de la Organización Mundial de Aduanas y que el servicio esté en manos de empresas privadas.
Las portuarias no pueden operar su propio sistema de inspección, afirma López, ya que los funcionarios de las mismas “son los más sensibles a ser corruptibles”.
En cuanto al argumento de que el contrato otorgado a Circe debería de ser declarado lesivo debido al oneroso costo de las inspecciones, argumenta que el precio depende del tipo de servicio prestado.
En Honduras, por ejemplo, las inspecciones cuestan unos US$5, pero el Gobierno de ese país subsidia el servicio, cuyo costo real debería ser US$32. En Puerto Barrios, el costo es de US$12, pero no se hace una interpretación de imagen, lo cual hace inefectiva la inspección.
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