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    Guatemala, viernes 12 de febrero de 2010

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    OPINIÓN

    ¿Cómo quiere usted ver la realidad?

    Gustavo Berganza

    No sé qué es lo mejor para el país.

    En las redacciones de los medios informativos existe la idea de que las oficinas de comunicación social del Gobierno han sido instituidas para el servir al periodista. Y se expresa un gran resquemor porque los encargados de estas dependencias no les procuran las entrevistas, documentos o declaraciones que los periodistas requieren, con la prontitud para cumplir con sus horas de cierre.


    Desde la perspectiva de la comunicación estratégica, la finalidad de una oficina especializada en este tema no es facilitarles su trabajo a los medios ni a los periodistas. El motivo de su existencia es hacer avanzar temas que le interesan al Gobierno. Y si los intereses de los medios y los periodistas coinciden, es de esperar que las oficinas de comunicación estratégica se tornen obsequiosas y serviciales con tal de que se recoja el mensaje y se le dé la relevancia que desean.
    Entiendo la frustración que expresan muchos reporteros cuando se les escamotean declaraciones o los voceros rehúsan proporcionar los datos que requieren. Si bien es cierto que en un estado ideal de cosas los voceros, como servidores públicos, debieran atenderlos, en la realidad real, su función es negar, esconder, mantener fuera de los ojos del público todo aquello que contravenga y deteriore la imagen de su empleador. No olvidemos que todos tenemos la natural inclinación a esconder lo que nos resulta incómodo, inclinación que se exacerba al acceder a posiciones de poder y de prestigio social.


    La promulgación de normativas como la Ley de Acceso a la Información tratan de refrenar esta tendencia y son también un reconocimiento del secretismo al que tienden los servidores públicos, entre ellos los comunicadores del Gobierno. Insisto: en un estado ideal, cualquier asunto o negocio gubernativo debiera ser público, y los ciudadanos, en cuenta los periodistas, debieran a su vez tener la posibilidad de espulgarlos. Pero como en la realidad cotidiana no sucede así, debe recurrirse a la Ley de Acceso a la Información para que se nos dé la información que requerimos. Y aún con la ley, ya ven ustedes que la esposa del Presidente, el Ministro de Educación y el resto de sus sicofantes en Mi Familia Progresa, se resisten a dar información probablemente porque al hacerlo se echaría por tierra alguna finalidad o se alimentaría una imagen pública distinta de la que ella y ellos quieren cultivar.


    El colofón de todo esto es que cuando las finalidades de la comunicación estratégica del Gobierno difieren de manera tan radical con lo que los medios informativos privados y sus periodistas persiguen, esto lleva al Gobierno a buscar otros canales para difundir sus mensajes y cultivar la imagen institucional que buscan. Y estos canales alternativos, en el caso de Guatemala, son la llamada televisión guatemalteca y, ahora, el Sistema Nacional de Información Pública, con el Diario de Centro América y la TGW a la cabeza. Los medios informativos privados dirán que esto es perjudicial para la salud de la democracia y el Gobierno replicará que no tiene otra opción, porque los medios informativos privados no reflejan adecuadamente la realidad. Yo no sé qué es lo mejor para el país: que prive el interés estratégico del Gobierno de comunicar lo que le conviene o que prevalezca lo que los medios privados consideran que necesita saber la ciudadanía.

    Gustavo Berganza

    12 febrero 2010

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