El forcejeo en la Corte Suprema

Laanterior Corte Suprema profundizó el deterioro del sistema de justicia. Desde los despachos de los magistrados se giraron órdenes a jueces sobre la manera cómo debían fallar en determinados procesos. El sistema creado para asignar a qué tribunal le correspondía cada proceso, fue violentado a tal grado que la mera asignación de jueces para cada caso se transformó en fuente primaria de corrupción. Se supo de casos de personas cercanas a magistrados que estaban en planillas de grupos con intereses ilegales.
La llegada de la nueva cohorte de magistrados generó la esperanza de que pueda iniciarse un proceso de depuración en los tribunales. Sin embargo, las primeras decisiones tomadas por la Corte han hecho pensar que persiste una gran inercia para que el Organismo Judicial cambie de rumbo.

La primera de estas decisiones, consistió en pretender nombrar como gerente del Organismo Judicial al abogado Vladimir Aguilar, magistrado de la Corte Suprema anterior y quien dejó un largo rastro de quejas durante su gestión. Al final de cuentas, la CICIG y los grupos pro justicia lograron que la Corte reconsiderara su intención y Aguilar no llegó al cargo.
Más recientemente, fuerzas con influencia en el seno de la Corte intentaron colar al abogado Alfredo Poroj Subuyuj como supervisor de tribunales. Al igual que Aguilar, Poroj Subuyuj había sido incluido por la Comisión de Postulación en la lista dentro de la cual el Congreso debía elegir magistrados. Poroj aspiraba a llegar a la Corte de Apelaciones; sin embargo, la CICIG lo describió como “no idóneo” para ese puesto. Poroj forma parte del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados en donde representa al grupo Justicia para el Cambio, de Roberto López Villatoro. Para fortuna del sistema judicial y de sus posibilidades de rehabilitarse, el pleno de la CSJ ha nombrado como supervisora a la ex magistrada Eugenia Villaseñor, de intachable trayectoria. El cargo de supervisor de tribunales es un engranaje importante en la estructura judicial para atajar la impunidad, debido a que entre sus atribuciones tiene la de realizar investigaciones preventivas para “determinar la imparcialidad con que son tratados los negocios judiciales que ante ellos se tramitan, y la observancia de los plazos y formalidades esenciales del proceso”.

Se sabe que en el seno de la Corte hay magistrados que responden al Ejecutivo. Y aparte de ello, parecen perdurar vinculaciones al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado.
Se espera que los magistrados que han sido tentados por grupos de poder y de la delincuencia organizada, y que todavía no han sido identificados públicamente como agentes de éstos, se resistan a los cantos de sirena, y no provoquen el naufragio de esta Corte Suprema. Quienes simpatizan con la delincuencia y obedecen al Ejecutivo no deben olvidar que están bajo sospecha y que en el momento en que incurran en alguna acción reprochable, serán denunciados públicamente y perseguidos judicialmente.

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