La situación de inseguridad en el país generó la demanda de destacamentos militares a nivel nacional, lo cual para unos resulta sorprendente y reprochable. Hasta en áreas en donde se concentró el enfrentamiento armado, demandan el retorno del Ejército. El alcalde de un municipio, en el que hay presencia militar nuevamente comentó “Hicimos una consulta y el 90 por ciento de la población estuvo de acuerdo en que vinieran los soldados”. Don José, uno de los habitantes de esta comunidad opina “es bueno que estén aquí, da más seguridad” (elPeriódico, Marta Sandoval, Que vengan los soldados, 24-01-10).
Quienes cuestionan la demanda de destacamentos militares, esgrimen violación de los Acuerdos de Paz, olvidan que, para la mayoría de guatemaltecos, estos no tienen mayor significado. La percepción popular es que los mismos fueron aprovechados por los mandos insurgentes para reinsertarse a la legalidad y disfrutar de los beneficios del sistema que pretendieron cambiar por la vía de las armas.
El reposicionamiento de las Fuerzas Armadas (FA) tiene más de una explicación. Dammert y Bailey, estudiosos del tema a nivel latinoamericano proponen tres razones: 1. La revalorización ciudadana, aprecio a las FA por su profesionalismo, mayor presencia disuasoria, mejor entrenamiento y disciplina, 2. Fluida interacción de las FA de numerosos países con agencias de inteligencia e instituciones policiales nacionales o extranjeras, en función de afrontar las nuevas amenazas y la alta criminalidad, y 3. El significativo aumento de la criminalidad, que la coloca entre los dos o tres temas de mayor debate en todos los países de la región, que corroboran la ineficiencia de las instituciones policiales y la infiltración que han sido objeto por el crimen organizado. En el caso particular de Guatemala, hay que agregar la pérdida de confianza en la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la corrupción imperante y la participación de policías en delitos de alto impacto; en parte debido a experimentos particulares, que aunque bien intencionados no han resuelto el problema de fondo.
Personalmente insisto: el Ejército guatemalteco no debe participar en la seguridad ciudadana mientras no actualice su doctrina para este fin, hacerlo es arriesgarse a pagar costos innecesarios.
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