1) La práctica que en el primer bimestre de cada año, la Universidad de San Carlos de Guatemala es tomada, como medida de presión para que se ofrezcan nuevas oportunidades de las pruebas generales y específicas; y recientemente, para que no se aplique la regla de no aceptar a quienes pierden por tercera ocasión una clase.
El argumento, “que las pruebas niegan el derecho a la educación superior al pueblo” es suficiente para que la Universidad sea tomada, se suspendan clases y hasta haya disparos, como se dio el 11 de febrero. Analizo esta afirmación y la experiencia me dice que no necesariamente es el pueblo el que llega a la Usac, la mayor parte de la población apenas tiene acceso a la educación primaria, sólo un reducido número puede aspirar a ingresar a esta casa de estudio. Por lo tanto, ¿es en la Usac donde deben dirigirse las medidas de presión? ¿La Usac debe asumir el déficit educativo con el que llegan aspirantes a sancarlistas?
Si el Consejo Superior Universitario (CSU) aprueba una cuarta oportunidad de pruebas generales y solicita que se haga otra de específicas, debe analizarse el impacto del ingreso de nuevos estudiantes a estas alturas del semestre: ya se inició la acumulación de zona y el registro de asistencia. ¿Cuál es el problema que le ven a los cursos de nivelación que ofrece la Usac, así como los cursos propedéuticos que la Universidad ofrece? Lo malo, y lo que tal vez determine esta decisión es que este año hay elección a Rector, y el que ocupa ahora la silla quiere reelegirse.
En lo que respecta a quienes repiten constantemente hay que preguntarse: ¿Cuánto cuesta anualmente mantener en la Usac a cada estudiante? ¿Hasta cuándo es justo hacerlo?
2) La falta de representación (con voz y voto) de las Escuelas ante el CSU negándoseles, de facto, el gozar de su derecho a la igualdad respecto de las Facultades.
El CSU está conformado exclusivamente por decanos de las Facultades (representantes de sus cuerpos docente y estudiantil) así como sus respectivos colegios profesionales; es acá donde se decide, entre muchas otras cosas, el destino de los ingresos de la Usac. Cada representante (obviamente) buscará beneficiar su sector y unidad, dejando en desventaja a las Escuelas. Esto se ve reflejado directamente en la asignación presupuestaria que es mucho menor la de las Escuelas, que ven limitadas o nulas sus posibilidades de ampliar y mejorar su oferta educativa y servicios. Tal situación seguirá mientras las Escuelas no tengan voz y voto en CSU, lo cual es contrario al Derecho a la Igualdad, que está amparado por la Constitución Política de la República.
3) Las elecciones a Rector.
Termino preguntando ¿Se puede hablar de democracia en la elección al cargo a Rector cuando se limita la participación política en este proceso a las escuelas y su población? ¿Es esto un “bien común”?
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