El Gobierno anunció ayer que los casi 500 mil integrantes del programa recibirán las transferencias en cuentas de ahorro.
Eldinero de las transferencias condicionadas que reciben los beneficiarios de Mi Familia Progresa será depositado a partir de este mes en cuentas de ahorro, como parte del proceso de “bancarización” del programa, explicó ayer el superintendente de bancos, Edgar Barquín, durante la transmisión del programa Despacho Presidencial.
Barquín explicó que los 477 mil 746 beneficiarios gozarán de los mismos beneficios que los 8 millones de cuentahabientes incluido el del “secreto bancario”. Reconoció que los números de cédula de vecindad y los datos de los depositantes quedan bajo resguardo. “Es información protegida”, según la Ley de Bancos, justificó. Aunque aclaró que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Contraloría General de Cuentas sí podrán acceder a todos los datos requeridos para “que no cualquier persona tenga la facultad de hacer lo que se le da la gana”, advirtió.
El Ministro de Educación aseguró que el nuevo proceso –que comenzó con la apertura de las cuentas en noviembre en Banrural– exige mayores controles y dará a los beneficiarios la posibilidad de convertirse en sujetos de crédito. Barquín resaltó que los ahorrantes tendrán la protección del Fondo de Protección del Ahorro, acceso a todos los servicios bancarios, además de fomentar la transparencia. El proceso de abrir una cuenta de ahorros implica el registro de la huella digital, presentar la cédula, llenar un formulario de la IVE que garantizan el incremento de los controles.
Deben obedecer a la CC
Anabella Morfín, abogada constitucionalista, opina que de ninguna manera la nueva disposición exime al Estado de entregar información que la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad han ordenado, pues ningún funcionario es superior a la ley.
“Pretenden someter al régimen de información bancaria los datos del programa lo que demuestra que lo hacen en fraude de ley. Es una atribución de los diputados supervisar el actuar del Ejecutivo… so pretexto de una legislación bancaria se busca proteger información que el Estado está obligado a entregar de conformidad con la Constitución”, agregó.
El contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, al ser cuestionado sobre el impedimento para la fiscalización que presupone la apertura de las cuentas respondió: “Posiblemente, pero yo no he escuchado ni visto en qué consiste esa nueva modalidad entendería que lo que cambian es la forma de pago en lugar de darle en efectivo les van a acreditar, pero yo lo que menos imagino es que eso le vaya a impedir a la Contraloría acceder a la información”.
“Cada vez estoy más sorprendida porque creo que en aras de no entregar la información son capaces de inventar cualquier mecanismo y poner doble cerrojo para identificar a las personas”, dijo Nineth Montenegro al referirse a la decisión del Ejecutivo de no pagar en efectivo a los beneficiarios sino acreditar el dinero a cuentas bancarias.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
67 comentarios: