Identificar las cédulas del programa Mi Familia Progresa (Mifapro) se convirtió en una fatigosa cruzada por la transparencia y contra la opacidad, en la cual parece triunfar el derecho de conocer la verdad. Fue una cacería de muchos meses que, por lo visto, llegó a su fin con el sacrificio del Ministro de Educación. Un daño colateral, oneroso para el Gobierno y sólo en apariencia innecesario.
En realidad fue una batalla de un contenido decepcionante. Para verlo primero debemos escapar de nuestro provincianismo y luego librarnos de tanto atavismo colonial. Guatemala no inventó las transferencias condicionadas. En Latinoamérica hay experiencias acumuladas desde hace casi dos décadas en 17 países. Son, certificadamente, los programas más eficientes para combatir la pobreza y por su alta dispersión, donde más difícil es robar o desviar fondos públicos.
Siempre hay fallas técnicas por los diseños censales y errores porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, sobre todo si apunta a objetivos inmediatos de legitimación política. Pero, como se constata en otros lados, son deficiencias corregibles. En nuestro caso, una vez resuelta la logística a través de la contratación de Banrural, el banco más desconcentrado del sistema, y ya bancarizado el beneficiario, no hay pierde.
Eso sí, estos son programas de muy generoso retorno electoral. Para cualquier político que lo haya visto, es ingenuo hacer de las transferencias condicionadas un issue de la transparencia. Nadie querrá matar a la gallina de los huevos de oro. Ni ofrecer en bandeja a las masas siempre abandonadas y ahora agradecidas a la competencia oficial. La oferta será mejorar, ampliar, fortalecer y complementar el programa. Además, todos lo saben, la corrupción está en otro lado.
Visto así, ¿quién ganó esta cruzada de tanta inflamación mediática y derrame de pasiones políticas? Sorprendentemente, todos ganaron. Ganó Nineth Montenegro y su lucha por la integridad; se ha posicionado entre clases medias para arriba de zonas urbanas. Ganó más Sandra Torres; entre más herida y enojada, mayor icono de las masas empobrecidas que sí eligen presidentes. Y, como diría el slogan de campaña de Berger, ganamos todos, pues un precedente quedó fundado: se puede auditar cualquier zona del presupuesto público sin importar que esté bajo figura de fideicomiso, administración de ONG local u organismo extranjero. Es cosa de volcar enjundia por la causa.
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