La decisión de la Corte de Constitucionalidad de destituir al Ministro de Educación resulta negativa sobre todo hacia el interior del Gabinete. ¿Significa esto que la pareja presidencial está dispuesta a sacrificar a cualquier cuadro con tal de impedir que sus opositores identifiquen con precisión a los beneficiarios de Mi Familia Progresa?
El Presidente y su esposa, la presunta candidata presidencial oficialista, se han empeñado en construir un discurso manido, pero muy conveniente para una campaña electoral: de un lado, el Gobierno que traslada fondos públicos a las familias más pobres del país. Del otro, sus opositores que combaten las transferencias. Es la reformulación del discurso de pobres contra ricos o de defensores de pobres contra lacayos de ricos. Y es también una tergiversación de las motivaciones de los fiscalizadores, que juran no oponerse a las transferencias pero exigen transparencia en el programa.
Si los potenciales contendientes en las elecciones de 2011 pudieran hablar directamente a los beneficiarios de Mi Familia Progresa y no sólo asegurarles la permanencia del programa sino incluso prometerles una mejora en la suma transferida, el partido oficial perdería su ventaja comparativa.
¿Es esa la razón que mueve al Presidente incluso después de la destitución de Bienvenido Argueta a aceptar que se incumpla de nuevo la orden de la Corte de Constitucionalidad? ¿Sacrificarán también a Dennis Alonzo, el nuevo ministro, y así sucesivamente?¿Cuánto tiempo más aceptará la Corte que se regatee su autoridad?
Pero esa es sólo una de las fuentes de desgaste para el Ejecutivo. El manejo presupuestario y la escasez de fondos públicos también le pone en aprietos y hay evidencia que el discurso de defensores de los pobres es visto con indiferencia incluso en la clase media baja.
Los maestros sindicalizados forzaron tanto a Joviel Acevedo como al Gobierno a anteponer sus intereses gremiales a cualquier otro asunto por noble que parezca. El costo para el Ejecutivo es de Q800 millones extra para 2010 y el pago de una deuda atrasada de Q400 millones por el aumento no otorgado en 2009.
Los trabajadores de la salud pública también están dispuestos a ir al paro hasta que se les mejore el salario Y los alcaldes de otras ciudades del país empiezan a exigir si no el mismo trato preferencial que el Ejecutivo otorga a la capital, al menos un mejor trato que el actual. ¿Por qué el Gobierno habría de financiar el transporte colectivo sólo en la capital?, claman en los municipios periféricos.
Mientras tanto, el diálogo con el sector privado organizado se vuelve cada vez más incierto. El Gobierno quiere un acuerdo para mejorar los ingresos del Estado de una manera expedita. El sector privado se limita a sugerir que combata la evasión y el contrabando. Y el Gobierno parece no atreverse a proponer reformas de fondo porque comprende que se le ha hecho más reducida la precaria y cara mayoría que lograba articular en el Congreso a favor de sus iniciativas.
¿Podrá la UNE lograr que el pleno le apruebe una emisión de bonos suficientemente grande para financiar su presupuesto? ¿Conseguirá contratar y aprobar nueva deuda externa?
Estas son apenas sus urgencias más notorias.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
17 comentarios: