Los artículos IX (9) de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas aprobadas y ratificadas por el Estado de Guatemala, ordenan que este deberá crear el delito de enriquecimiento ilícito...
Los artículos IX (9) de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas aprobadas y ratificadas por el Estado de Guatemala, ordenan que este deberá crear el delito de enriquecimiento ilícito, por medio del cual se sancione el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos existe en casi todas las legislaciones del mundo civilizado. Su objetivo es impedir que los funcionarios públicos, a base de sobornos, comisiones derivadas del tráfico de influencias y exacciones ilegales, se enriquezcan en el ejercicio de sus cargos.
En la legislación guatemalteca, existía el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, pero fue suprimido durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000).
Desde que se suprimió el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, en nuestro país, se alentó aún más la corrupción y la opacidad a todo nivel.
No se olvida, por ejemplo, la oscura venta de los activos del Estado y la instalación del sistema paralelo de gasto público (también durante el Gobierno de Arzú), alimentado por los fideicomisos, los fondos sociales y las transferencias de recursos públicos a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, etcétera, que han redundado en una hemorragia de fondos públicos que todos los días se malgastan.
Sin duda, con los grandes negocios que se están dando en el sector público, los políticos no están interesados en restablecer el delito de enriquecimiento ilícito. Eso sí, están muy dispuestos a cargar con más impuestos a la población, a pesar de que la crisis económica está erosionando sus patrimonios e ingresos a pasos agigantados. ¡Qué tal!
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