Da pena que personas que han estado relacionadas con los medios de comunicación y que de ahí saltaron a un puesto público sean quienes arremeten contra la libertad de opinión, expresión e información para quedar bien con sus jefes y al mismo tiempo intimidar a reporteros o a los equipos de investigación de los diarios, tal caso le sucedió a Diario La Hora, que recibió la visita de un desocupado fiscal para indagar el nombre de quienes habían descubierto el “cuarto oscuro”, donde estaban tabulando los datos de Mi Familia Progresa.
Tal como se ha señalado, se trata de información pública cuyo acceso garantiza la nueva ley que ha sido violentada por diversos funcionarios sin que se les obligue a respetarla, pero si quieren sujetar a un medio a que guarde silencio a los hechos que son del conocimiento público y de los cuales el pueblo espera explicaciones concretas, y no evasiones y justificaciones que siguen provocando la duda en el uso de los recursos del pueblo. Las explicaciones del fiscal general del Ministerio Público Amílcar Zárate y de la secretaria general del Consejo Gloria Porres no son suficientes ante un hecho que amerita ser investigado y deducir las responsabilidades del caso, pues se trata de un atentado a la Ley de Emisión del Pensamiento que hace roncha a muchos funcionarios que consideran el cumplimiento de la función periodística, como un intromisión en sus movidas y no como el ejercicio de un derecho constitucional.
Nada sucedería si los funcionarios que tienen a su cargo instituciones como Mi Familia Progresa, actuaran transparentemente y dieran las informaciones que les son requeridas, pues ocultar la información siembra la duda y despierta aún más el interés de investigar, función que no cumplen los fiscales en un alto porcentaje de denuncias presentadas, pero que sí están prestos cuando se trata de perjudicar a un medio como La Hora que logró llevar una información importante a la población. Mucho podríamos decir de la fiscalía encargada de los casos de sindicalistas y periodistas que se dedica a perseguir y allanar radios comunitarias mientras no se investigan los casos de periodistas amenazados o asesinados en el cumplimiento de su deber, pues sólo en el curso del año anterior se cometieron más de 60 violaciones a la libertad de expresión, sin que se haga nada al respecto. Este es uno de los casos que debe tomar la Comisión de Libertad de Prensa de la APG y exigir que se aclare quién o quiénes actuaren tan ágilmente y a petición de quién, pues se supone que el Ministerio Público es independiente y no debe aceptar presiones de nadie.
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