¿Y si no se hubiera denunciado el contrato?
En este país mágico, como le gusta decir al Presidente, cualquier cosa puede suceder sin sorprender a nadie. Lo inconcebible se produce sin que la población en general o la opinión pública mejor informada reaccione. La indiferencia al acontecer diario que nos trae la noticia de los medios de comunicación ya no conmueve y las estadísticas de la violencia que confirman el incremento de la misma –alrededor de 20 personas asesinadas cada día– a lo sumo produce un levantón de ceja entre los ciudadanos que siguen de cerca lo que sucede. ¿Qué pasa con los guatemaltecos? Quizá las largas décadas del enfrentamiento armado interno nos endurecieron de tal manera que nuestro compromiso con los Derechos Humanos y con el respeto al bien más preciado del ser humano la vida misma se ha desdibujado. Nuestra sociedad clama y exige justicia en un marco de seguridad pero las autoridades de turno permanecen impasibles y más bien se empeñan en concentrarse en un esfuerzo concertado para perpetuarse en el poder a cualquier costo.
Afirmo lo anterior porque al haber transcurrido dos años y dos meses del Gobierno de la UNE, la ingobernabilidad continúa y se acentúa gracias a la permanente improvisación del Ejecutivo y a la evidente falta de buen criterio para seleccionar el equipo ministerial y a los funcionarios de alto nivel. En menos de una semana cayeron tres ministros por causas diferentes. No recuerdo una crisis política de esta naturaleza en las últimas décadas. ¿Cómo es posible que estemos estrenando el quinto ministro de Gobernación en tan corto lapso de tiempo? Las razones aducidas para la destitución de Raúl Velásquez por un contrato de más de Q40 millones a una entidad de fachada para suministrar gasolina a la Policía Nacional Civil pusieron nuevamente al descubierto el fraude continuado al Estado de Guatemala y la indiferencia de las autoridades durante meses ante esta situación. Si no se hubiera denunciado esa contratación en la prensa escrita responsable, tal vez no se hubiera producido la destitución del cuarto ministro de Gobernación en forma tan perentoria.
Otro tanto sucedió con el ministro Aldana en Agricultura, que fue señalado de manipular la licitación para la compra de fertilizantes sin aparentemente cumplir con los requisitos legales. Estos dos casos recientes y otros muchos de distintos niveles durante esta administración evidencian que los nombramientos se hacen sobre la marcha obedeciendo más a la necesidad de llenar un cargo con algún allegado incondicional, que teniendo en cuenta la experiencia, la capacidad y la solvencia de las personas. La falta de profesionalismo y seriedad en los nombramientos es la regla y no la excepción de ahí los fracasos recurrentes de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. A lo anterior debemos agregar la caída ignominiosa del ministro de Educación, Bienvenido Argueta, quien con buenas credenciales en el campo de la educación cometió la torpeza de plegarse a los dictados de quienes defienden como política de Gobierno la opacidad en los asuntos públicos y se atrevió a desobedecer e ignorar el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal del Estado, que le ordenó proporcionar la información completa sobre los beneficiarios del programa de cohesión social denominado Mi Familia Progresa. El empecinamiento oficial en ocultar la información de esos programas –que se aplican con éxito en otros países latinoamericanos– y que se financian con los recursos provenientes de nuestros impuestos es incomprensible. ¿Qué se quiere ocultar? ¿Hay una trama y una política de clientelismo político solamente o también hay al mismo tiempo un esquema de desvío de recursos del Estado en gran escala? ¿Por qué propiciar un enfrentamiento de los poderes del Estado a causa de una información a la que los guatemaltecos tenemos derecho a conocer? Viene a cuento lo anterior porque la culminación del complejo proceso administrativo-judicial que impulsó con tenacidad y entrega la diputada, Nineth Montenegro, llevó prácticamente dos años durante los cuales en forma sistemática el Gobierno bloqueó la información y ahora se pretende continuar reteniendo la misma bajo el pretexto del secreto bancario. Guatemala necesita de la transparencia y por ello preocupa profundamente la ausencia de la voluntad política por parte del Gobierno para corregir errores y frenar la corrupción.
Ojalá los cogobernantes rectifiquen y comprendan que la gobernabilidad y la estabilidad democrática, en el contexto del Estado de Derecho, está en juego.
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