En 1996 el análisis fue: la reforma institucional nos salva; se ha firmado la paz y tenemos el chance de la reingeniería; además, estamos en la agenda internacional. Pero ya en 2000 la conclusión era: nos asomamos a la antesala del Estado fallido, debemos encontrar el instrumento sui géneris para remontar ese estadio. Así nació la idea de la Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (CIACS) que, un poco cuarteada, es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de hoy.
Pero en la última década, la marcha hacia el Estado fallido ha continuado de manera irremediable. Se aceleró con las matanzas del periodo anterior de gobierno, y no desacelera con el trabajo de la CICIG. La Policía Nacional Civil (PNC) es notoriamente la institución más infectada, pero no es la única. Ni Presidios ni Migración pasan la prueba. Nadie se hace cargo, sea por incompetencia, sea porque el interés está en otras cosas, o por los condicionamientos.
Hay que asumir realidades para buscar soluciones. La PNC ya no es reformable. En 2006, con asistencia internacional, se hizo el mismo ejercicio actual de diagnóstico participativo con agentes, oficiales y comisarios. Los resultados no serán esta vez tan diferentes. Sólo peores. La conducción de la CICIG tampoco ha estado a la altura. Las publicaciones de elPeriódico esta semana, apuntan a que denuncias documentadas por el ex director de la Policía, Porfirio Paniagua, estuvieron en poder de la CICIG desde hace ocho meses. La orden de captura de Baltazar Gómez tenía fecha 8 de junio de 2009; hasta que fue escándalo se liberó.
La alta discrecionalidad no es buena consejera. Hace meses, en esta página, Juan Luis Font preguntaba quién fiscaliza a la CICIG. La respuesta es: nadie. En Nueva York han de tener tantas cosas importantes qué atender. Mientras una operación de la ONU no es declaradamente un fracaso, es un éxito. Así funciona su lógica y, para los guatemaltecos, es una lástima. Hasta a los viejos veedores civiles, se los tragó el abismo –diría Nietzsche.
Las explicaciones son las mismas: confusión de roles y un poder discrecional que se les escapó de las manos. El mandato era claro: identificar y desmantelar CIACS. No administrarlos ni apoyarse en ellos. El rol voluntario de los civiles es auditar a conciencia al poder político, no sustituirlo de hecho, ni fomentar sus propios CIACS. Pero en algún lugar del camino, roles y mandato quedaron extraviados. Y sin embargo, seguimos oyendo el lamento de Hamlet en varios lados: “¡Este tiempo está fuera de quicio! ¡Oh, suerte maldita, que haya nacido yo para ponerlo en orden!”
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