La ley y su imperio

Lasemana pasada se dieron dos hechos aparentemente desconectados que, sin embargo, guardan una profunda vinculación.  Por un lado, en Colombia, la Corte Constitucional se pronunció en contra de un referéndum que procuraba abrir paso a un tercer mandato consecutivo del presidente Álvaro Uribe. Por otra parte, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad destituyó al Ministro de Educación por desacató en el cumplimiento de un recurso de amparo.  
¿Qué tienen en común ambas sentencias? Básicamente, el hecho de reafirmar, de manera clara y sin tapujos, cuál es el principio fundamental de todo Estado de Derecho: nadie está por encima de la ley. Y nadie significa, sobre todo, ninguna persona con un poder capaz de hacer que las leyes se doblen (e incluso se arrodillen) frente a su autoridad.  

Por otra parte, es importante dejar en claro que si bien en el caso de Guatemala, la acción de la Corte se tradujo en la destitución de un ministro, lo que se hizo en la práctica fue ponerle límites al poder presidencial. Porque un ministro es un delegado de la autoridad presidencial y por lo tanto, su poder solamente existe porque existe el poder del Presidente. Así que la destitución del ministro no fue una sanción únicamente contra Bienvenido Argueta, sino sobre todo, contra Álvaro Colom.
Quizás sorprenda a muchos políticos saber que es posible gobernar respetando al mismo tiempo las leyes y el ordenamiento constitucional. Pero para ello, hay que desarrollar instituciones que se hagan responsables de políticas públicas en el marco de un ordenamiento jurídico. Esto significa dejar de actuar como si las acciones políticas pudieran ser ejecutadas sin respetar las leyes.

En esa línea es posible constatar que el Presidente está impulsando una política de protección social muy necesaria en Guatemala. Lamentablemente, la principal autoridad encargada de dicha política es una persona que no asume ninguna responsabilidad institucional. ¿Será por ello que Doña Sandra quiere ser candidata? ¿Es posible que crea que gobernar significa actuar sin ninguna responsabilidad legal o institucional?    
Por si las dudas, el Presidente debería permitir que Doña Sandra asuma la responsabilidad legal por las acciones políticas que impulsa. Sólo cuando la señora asuma esa responsabilidad, sabrá a ciencia cierta si realmente le interesa ocupar un cargo público. Porque la ley es incómoda, pero es la ley. Y todo posible candidato a un cargo público debe saber que la autoridad política tiene un límite claro: el imperio de la ley.

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