DonCésar Leonel Mejía Rodríguez escribió una carta que fue publicada en la edición del miércoles 3 recién pasado y que identificó con el mismo título que hoy tomo prestado de él. Reflexiona si el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) mediante la cual se destituyó al ahora ex Ministro de Educación, fue en legítima defensa de la Constitución o si se dictó por presiones políticas. Simplemente se interroga qué fue lo que pasó. Me parece oportuna la preocupación ciudadana del señor Mejía Rodríguez: ¿cómo asegurar la creencia en la justicia y en el imperio de la ley?, ¿cómo asegurar la designación de magistrados imparciales e independientes?
Además de lo anterior, han aparecido también en esta semana, dos derechos de respuesta de uno de los Magistrados de la CC, en donde expone su posición frente a serios señalamientos que le hizo días antes un ciudadano inconforme con su actuación en dicha Corte. El Magistrado que responde, citando al autor Fernando Hinestrosa, dice “Me preocupa el protagonismo judicial…”
El activismo judicial está bien, siempre y cuando las resoluciones que se dicten estén debidamente fundamentadas, razonadas y que partan de un afán intachable de hacer justicia de manera independiente, imparcial y plegado únicamente a la conciencia del juzgador. El problema es si ese activismo judicial, esa judicialización de la política viene dada por intereses personales para congraciarse con ciertos sectores con fines reeleccionarios, por ejemplo.
Por la coyuntura que atraviesa nuestro país creo fervorosamente que son los jueces quienes pueden rescatar en gran parte nuestro sistema democrático, aplicando un derecho vivo y realista que incluye la ley en sentido amplio, pero también valores y principios constitucionales sobre los que debe descansar aquella. Es decir, el activismo judicial a veces no sólo se justifica, sino que es imprescindible. Pero entendido como un activismo razonado, fundamentado, humanista, prudente y transparente. Por el contrario, un activismo que no revista estas características, daría base a un “gobierno de los jueces” tan temible como cualquier otra dictadura. ¿No será que el verdadero problema es la politización de la justicia? Esta pregunta se antoja válida ante la renovación de la CC que habrá de realizarse el año entrante y los casos que ya se vislumbran en el horizonte, como la posible candidatura de la Primera Dama de la Nación.
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