¿Y qué hacer con los 24 mil desempleados que dejaría la PNC?
Después de esta semana de desconsuelo, la pregunta es ¿se puede aún reformar la Policía Nacional Civil o lo más sensato es disolverla y fundar otra? Las tres cúpulas policiales nombradas por el actual Gobierno han sido sustituidas bajo las mismas acusaciones de sumarse pronto al tráfico y venta de drogas, aunque sólo en dos casos se hayan formalizado cargos y en uno de ellos las autoridades aún no han sido capaces de reunir suficientes medios de prueba. Pero lo más probable es que también participaran en otros delitos casi tan rentables como el trasiego de drogas. Secuestros, extorsión y asaltos.
Lo cierto es que la Policía Nacional Civil nació mal, en parte debido a la decisión original de reciclar a los agentes de la vieja Policía Nacional y en parte también debido a la impenitente afición guatemalteca a crear cuerpos paralelos de seguridad, investidos de anonimato, plenos poderes de fuego e impunidad garantizada, como respuesta desesperada ante el avance del crimen.
Desde sus primeros tiempos la PNC ha visto la misma práctica. En el discurso oficial, se le responsabiliza de la seguridad ciudadana, pero en la realidad, se le desautoriza al crear grupos especiales, llámese comando anti secuestros en tiempos de Álvaro Arzú o Unidad Especial de Investigación o Grupo Elite en tiempos de Álvaro Colom, sometidos sólo a un veleidoso control político. Invariablemente los cuerpos paralelos que suelen ser creados con un objetivo muy noble, pervierten su función y se convierten pronto en parte del problema que se aspiraba a combatir.
La respuesta a la pregunta ¿sería mejor cerrar la actual PNC? de parte del nuevo ministro de Gobernación y de la pre comisionada para la Reforma Policial es la misma: ¿qué haríamos con cerca de 24 mil miembros de la actual Policía desempleados y en la calle?, ¿acaso no es mayor el riesgo de tenerlos fuera que dentro de la institución? Y parece un razonamiento incontestable. Si el Estado es incapaz de supervisar sus acciones mientras se encuentran supuestamente sometidos a un régimen disciplinario, resulta iluso creer que va a poder impedir que delincan a gran escala con los conocimientos que poseen una vez queden fuera.
El punto entonces es si existe alguna manera de ejercer control sobre los policías, encabezados por su propio director y sus autoridades anti drogas. Y el ministro Menocal propone el ejercicio de una constante vigilancia mediante métodos como el polígrafo, la medición de variaciones en las cuerdas vocales y la supervisión permanente del patrimonio de los comisarios y sus familiares cercanos. Mejorar además la inspectoría y reforzar la Oficina de Responsabilidad Profesional.
Por supuesto que también es indispensable buscar tanto la profesionalización como la dignificación del Policía. La institución sólo será respetable para la ciudadanía cuando exista orgullo de pertenecer a ella y profesionales de mérito aspiren a construir ahí su carrera. Y eso no puede ocurrir con salarios que mantienen a 7 de cada 10 agentes bajo la línea de la pobreza. Pero el Gobierno, que a estas alturas se ha gastado ya la mitad de su período dando palos de ciego en el tema de la seguridad y elogiando primero y luego denostando con los peores señalamientos a los funcionarios que él mismo eligió para el cargo, ha priorizado otros temas a la hora de disponer de los recursos públicos.
Menos de dos años le quedan a Álvaro Colom y a su cambiante equipo y en materia de seguridad ciudadana parece como si apenas tuviera ningún avance logrado por fuerza propia. La Policía Nacional Civil es la mejor muestra de esa inutilidad, de esa notoria indolencia.
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