Dos ministros que han servido al país, ahora confrontados.
Gustavo Berganza
Siel Consejo de Ministros aprueba la prórroga del contrato de extracción petrolera con Perenco, es probable que Luis Ferraté, el ministro de Medio Ambiente se sienta obligado a renunciar. Y si, por el contrario, el Presidente y el Consejo de Ministros deciden terminar el contrato, sería el titular de Energía y Minas quien saldría de este Gobierno.
En cualquiera de los casos, sería una pérdida no sólo para el régimen de Álvaro Colom, sino también para el país, porque ambos han sido dos de los pocos eficaces en un Gobierno errático y propenso a las crisis.
Ferraté tiene razón en oponerse a la prórroga del contrato con Perenco, la compañía que extrae petróleo en Xan, precisamente dentro del parque nacional de la Laguna del Tigre. El hecho de haberse proclamado área protegida en 1989, le obliga al Ministro de Medio Ambiente a exigir el cumplimiento de la ley. Pero, por otra parte, Meany quiere evitar a toda costa que el estado de Guatemala pierda un ingreso anual de Q2 millardos 19 millones. Estos ingresos, en un momento en el que el erario no puede financiar el funcionamiento del Gobierno, resultan cruciales. A la pérdida en regalías e impuestos debe agregarse lo que implicará para el país perder o dejar de producir 4.5 millones de barriles de crudo, que se consumen casi en su totalidad en Guatemala. En el momento en que el contrato cese, el país deberá importar ese volumen de crudo, que actualmente se destina a producir asfalto.
¿Que esto genera daño ambiental? En efecto, toda industria extractiva tiene un impacto en el entorno. Sin embargo, tal como Energía y Minas ha renegociado el contrato, una parte sustancial de los ingresos que genere el petróleo se dedicarán a financiar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que de esta manera contará con más recursos para proteger y regenerar un área que, es de reconocer, está sumamente descuidada. Por otra parte, también una quinta parte de las regalías será destinada –si es que el contrato se aprueba– al Consejo de Desarrollo Departamental del Petén.
El campo ya estaba ahí antes de la promulgación de la Ley de Áreas Protegidas y la Ley del Fondo Petrolero, aprobada en enero de 2009, le da al Ministerio de Energía la potestad de renovar los contratos de explotación petrolera. En este conflicto de leyes prevalecería la más reciente, es decir la del Fondo Petrolero. No obstante, creo que lo más correcto sería promover una reforma a la Ley de Áreas Protegidas de tal forma que, sin poner en un riesgo mayor del que ya está la Laguna del Tigre, pueda permitirse que continúe funcionando el campo Xan.
En esto, el presidente Colom tiene una gran responsabilidad para evitar que su Gobierno viole la ley. Además, está obligado a atajar la pérdida de un ingreso que resulta crucial para el país. Y de cajón, con esto impide la crisis que provocaría la salida de dos ministros que han servido bien al país.
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