En los medios de comunicación, las noticias de corrupción han sustituido en número e importancia a las relacionadas con la violencia. Inmediatamente después de la sacudida que significó la salida del Ministro de Educación por desacato a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para transparentar el programa Mi Familia Progresa, las graves noticias del Ministerio de Gobernación subrayan que los manejos internos de la Policía Nacional Civil (PNC) apestan. Es difícil evaluar qué resulta más grave: el develamiento de que el Director de la PNC y la principal oficial a cargo de las investigaciones están directamente vinculados con los carteles de la droga, o los señalamientos del ex Ministro quien manifestó que la verdadera razón de su salida fue la denuncia de la existencia dentro de esa institución de uno (o varios) escuadrones de la muerte.
En el primer caso, se confirma lo que todos presentimos: los más altos encargados de la seguridad del país son peligrosos delincuentes más comprometidos con los capos del crimen organizado que con reestablecer el orden y proteger a los ciudadanos. Según las noticias, este grupo también es responsable de robos de armas. En fechas recientes, un robo en el ejército fue un doloroso escándalo para la institución. ¿Existirá conexión entre ambos casos? Determinarlo resulta imperativo. Si así fuera, valiente lucha contra el narcotráfico se libra en Guatemala: altos funcionarios de la policía y del ejército unidos en el jugoso negocio, en lugar de defender la soberanía de la Nación.
La captura de los miembros de esta tenebrosa organización ocurre de manera sospechosamente oportuna: el presidente Colom viajó la semana pasada a entrevistarse con Hillary Clinton; ahora, ella viene al país y parece que uno de los temas que le preocupan es el imparable auge del narcotráfico. ¿Qué vinculación hay entre estas gestiones diplomáticas y la captura de los funcionarios de la PNC? ¿Por qué el proceso de persecución penal de estos delincuentes se había mantenido inactiva?
En cuanto a la salida del Ministro de la cartera de Gobernación, cuando fue anunciado que la razón era la compra anómala de combustible, muchos pensamos que el Presidente obraba con mano dura frente a un caso de corrupción. Ahora resulta que quizá haya oculto un asunto más grave y peliagudo: la autorización de escuadrones de la muerte dentro de la PNC para resolver ‘a como diera lugar’ el asunto de las extorsiones y la muerte de los pilotos. El esclarecimiento de esta sucia cuestión resulta fundamental, pues ¿qué credibilidad puede merecer una institución que acuna sicarios como política institucional?
Mientras tanto, CACIF anunció su retiro de las mesas de negociación establecidas a principios de año. Mal presagio. Nos urgía una negociación productiva entre los estamentos del poder. Si no, ¿cómo hacemos para sentar las bases de la gobernabilidad?
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