Después de dos años de la administración del presidente Álvaro Colom, no se necesita ser muy inteligente para llegar a la conclusión que los temas de seguridad y justicia no han ocupado un lugar prioritario en la agenda gubernamental.
Después de dos años de la administración del presidente Álvaro Colom, no se necesita ser muy inteligente para llegar a la conclusión que los temas de seguridad y justicia no han ocupado un lugar prioritario en la agenda gubernamental. Por consiguiente, las “gusaneras” existentes en la Policía Nacional Civil (PNC) y en otras dependencias del sector público jamás fueron fumigadas y desmanteladas, sino que, por el contrario, fueron consentidas, encubiertas e, incluso, utilizadas para fines represivos.
Estas “gusaneras” siempre han sido fuente inagotable de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), mejor conocidos como “escuadrones de la muerte”, que actúan impunemente para la consecución de negocios ilícitos en general (tráfico de drogas, secuestros, robos de vehículos, extorsiones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, actos de corrupción, fraudes y demás) y el ataque contra quienes denuncian y abogan por su erradicación, así como contra quienes critican a los funcionarios que las protegen, encubren y alimentan. De ahí las agresiones constantes contra periodistas y comunicadores, que se han traducido en coacciones, amenazas, intimidaciones, asesinatos, acusaciones falsas y campañas negras.
Las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Guatemala han sido las “cenicientas” del Estado, porque no solamente no se les ha reconocido la importancia estratégica que tienen, sino que no han contado con los recursos humanos y financieros indispensables para su fortalecimiento y, en su caso, para asegurarles independencia funcional y económica. Por el contrario, al Ministerio de Gobernación se le han sustraído recursos esenciales, al Ministerio Público se le ha ninguneado y al Organismo Judicial se le ha manipulado y politizado.
En el Congreso constantemente se boicotea o retrasa la discusión y aprobación de los proyectos de ley destinados a fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La ausencia de castigo campea por doquier. El que la hace no la paga en este paraíso de impunidad. El hampa se ha apoderado de nuestro país y los criminales y facinerosos andan campantes por las calles haciendo sus fechorías, y nadie ni nada los detiene.
Muchos cargos públicos han sido tomados al asalto por codiciosos, mercenarios y corruptos, a quienes, por supuesto, no les interesa el bienestar general, sino solamente hartarse con los recursos estatales. El sistema paralelo de gasto público se ha convertido en un mecanismo ideal para este fin deleznable.
Sin seguridad y justicia, no habrá paz en Guatemala.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
9 comentarios: