Vivimos en una encrucijada de placas tectónicas y fallas geológicas, bajo la amenaza ubicua de una subducción o el súbito desperezamiento de la fractura. Tras los cataclismos de Haití y de Chile, no es cuestión de ponernos alarmistas a enviar predicciones de la Virgen de Fátima por correo electrónico, o envenenarnos las noches con espanto rememorando la madrugada de febrero del 76, sino de pasar del pánico al ataque.
Acaso la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres debiera promover una revisión de las estructuras públicas, como puentes, edificios gubernamentales, escuelas y hospitales, para prevenir tragedias. Las Municipalidad capitalina, que en 25 años de administración no ha puesto en vigor un código de construcción sismorresistente, tal vez podría seguir los consejos de los expertos y moderar la amenaza latente que presentan los grandes letreros publicitarios (sobre todos los que se ciernen sobre las vías principales) y la maraña de postes y cableado que, además del daño al desplomarse desde esa altura de secuoya, seguramente obstaculizarían el desplazamiento y los esfuerzos de rescate. Las alcaldías del interior podrían comenzar por regular las construcciones verticales. No sea que los monumentos a las remesas acaben con más vidas que el infausto adobe.
Las administraciones de los edificios de más de cuatro plantas bien harían en elaborar planes de evacuación y constatar la seguridad de escaleras y rutas de emergencia. Y quizás ensayar, como en los colegios, con una práctica de sismo, de modo que haya alguna alternativa a la estampida irracional.
En cuanto a los particulares, discutir un plan de emergencia, mantener una razonable provision de víveres y agua potable, además de un atadito de apuros, con linterna, baterías e insumos de primeros auxilios. Cuando la Tierra sacude las caderas, nada puede salvarnos, pero algunas medidas tomadas a tiempo pueden contribuir a hacernos menos vulnerables.
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