Politización de la justicia

Un genuino y eficaz Estado de Derecho se asienta sobre una administración de justicia pronta y cumplida. Para que esta afirmación se haga realidad los tribunales de justicia deben gozar de absoluta independencia funcional y económica, a fin de que sus decisiones sean totalmente imparciales y puedan adoptar una actitud neutral frente a la acción político partidista.

Generalmente, cuando la justicia oficial no es suficientemente fuerte y autónoma, se abre la puerta a las presiones e injerencias políticas, lo que redunda en la manipulación de magistrados y jueces de parte, de quienes detentan el poder político, en función de que se reprima arbitrariamente a la oposición política y a los disidentes; como ocurre bajo los regímenes despóticos o democráticos disfuncionales, impere el disimulo y el encubrimiento, o se asegure impunidad.

Luego, salen a relucir las dos caras de una misma medalla: la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Cuando el sistema permite que la justicia sea dependiente o esté subordinada al poder político, los políticos son quienes designan a los magistrados o jueces, controlan el presupuesto de las instituciones del sector justicia y conocen los antejuicios contra funcionarios judiciales, o sea la determinación de si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra.

Tradicionalmente, la designación de magistrados por el Congreso o por el Presidente de la República no ha obedecido a una evaluación de su capacidad, honorabilidad e idoneidad, sino más bien a que sean afines a la causa política dominante o que sean susceptibles de recibir instrucciones u órdenes desde esferas políticas. Por tanto, no se ha privilegiado la independencia de criterio.

Una asignación presupuestaria raquítica garantiza la debilidad y disfuncionalidad del sistema de justicia, en tanto que la Espada de Damócles del antejuicio, da a los políticos el poder de someter a los magistrados a proceso penal.

En Guatemala, el Estado de Derecho es vulnerable e ineficaz. Vulnerable, porque la justicia no es prioritaria ni totalmente autónoma; e ineficaz, porque la administración de justicia, además de errática y arbitraria, acusa una grave complicidad con la impunidad y el despotismo. 

En conclusión, sin una justicia fuerte, independiente y apegada a la legalidad, no superaremos la ingobernabilidad, la incontrolable conflictividad ni la patética inestabilidad política y social.

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