Es momento de una asignación de cuotas que permita abrirle paso a más mujeres.
Juan Luis Font
No son muchas, más bien son muy pocas, poquísimas, las mujeres que alcanzan alguna cuota de poder político en Guatemala pero buena parte de ellas se convierte en piezas fundamentales del sitio a donde llegan. Ya es un lugar común decir que Sandra Torres no es la mujer, sino la persona con más poder político en el país. Y que su Némesis, Nineth Montenegro, es la política por la cual se siente representado el mayor número de votantes del área metropolitana. Hay casi tantas diputadas fundamentales en el Congreso, como los hay hombres, pese a que estas escasamente ocupan 19 de las 138 curules.
Rosa María de Frade, Zury Ríos, Roxana Baldetti mantienen una actividad más intensa en el Legislativo que la mayoría de sus colegas de bancada. Sin embargo, los partidos políticos guatemaltecos, esos clubes de seguidores de un cacique que sirven de vehículo electoral a quien tiene poder de compra, apenas están dispuestos a abrir sus puertas a las mujeres.
Es momento ya de abordar una acción afirmativa o una asignación de cuotas que permita abrirle paso a más mujeres en la vida política nacional. Y no con el argumento políticamente correcto de la búsqueda de la igualdad, sino para perseguir más eficacia y una mayor utilidad a cambio de nuestra inversión.
Es innegable que buena parte de las mujeres que ejerce poder reproduce los mismos rasgos detestables en los hombres, autoritarismo, megalomanía, tendencia al abuso (vea por favor, los recientes señalamientos y formulación de cargos en contra de Nelly Bonilla, antigua encargada de la lucha anti drogas y de Marlene Blanco, ex viceministra de Seguridad), pero también lo es que la eficacia de algunas de ellas en las posiciones que alcanzan, suele ser mucho mayor que la de la media de hombres.
Hay indicios suficientes para pensar que, de llegar a la Presidencia, la vocación autoritaria de Sandra Torres hará lucir como tímidos gatitos a ex gobernantes como Álvaro Arzú y Jorge Ubico. Pero también es cierto que ha mostrado una capacidad de ejecución sin precedentes al montar el programa Mi Familia Progresa en el primer año de Gobierno en más de 45 municipios.
La realidad social y política del país es tal, sin embargo, que para alcanzar un cargo de elección popular, las mujeres tienen que atravesar dificultades mayores que las de sus pares masculinos. De no ser porque se tiene la suerte de ser la esposa del investido, en el caso de Sandra Torres o la hija del caudillo, en el caso de Zury Ríos, las mujeres tienen que padecer antes de alcanzar una posición política destacada. Entre otras cosas, financiar su posición en el listado de candidatos, asunto que requiere de un poder de compra que suelen tener más hombres que mujeres en el país. Y su éxito es siempre regateado por asuntos que no son recriminados a los hombres. Pero también es muy cierto que las mujeres suelen ser las peores abogadas de sus compañeras y que el escaso poder que algunas de ellas han alcanzado no se ha traducido en oportunidades mejores para otras mujeres. En eso se parecen demasiado a los hombres. Ahí sí, la igualdad es imbatible.
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