Chávez amenaza de nuevo a la CIDH

Algunos lectores seguramente se preguntarán de dónde proviene la rabia del señor Hugo Chávez contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo Venezuela miembro de la OEA, estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, e incluso en los últimos ocho años un ciudadano de esa nación ha integrado la Comisión.
Se preguntarán, si fuera cierto que todos los organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos favorecen a los gobiernos “de izquierda”, cómo es que este gobernante despotrica y acusa a los miembros de la Comisión de ser una mafia que apoya el golpismo pero que simultáneamente, desde el 2002, les niega el ingreso al país, cuándo supuestamente debiera de sentirse aliado de la misma.

La explicación es evidente para quienes tienen los elementos de juicio necesarios para evaluar el desempeño de semejantes instituciones sin las agendas maniqueas que pretenden calificarlas como malas o buenas, según a quien afecta con sus resoluciones. La dificultad de la Comisión es precisamente que, en cumplimiento de su mandato, ha señalado indistintamente a los Estados que violan los derechos humanos, sin consideración a la corriente ideológica o política de las autoridades de turno en cada país.

Ciertamente, la Comisión opera en un mundo real, con sus limitaciones y yerros normales a su actividad, que a lo largo de su historia ha mostrado su efectividad (salvando vidas de personas en riesgo), pero también ha visibilizado y condenado los abusos de los poderes públicos estatales en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la Organización y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que actúa en representación de todos los estados miembros de la OEA. Se integra con siete representantes electos a título personal para un período de cuatro años en Asamblea General, quienes deliberan de forma independiente y no en representación de su nación de origen.

La Comisión emite constantemente comunicados que alertan sobre situaciones en los estados americanos que implican incumplimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación de la CIDH. A través de sus Informes Anuales, se puede acceder a los 60 informes de país que desde 1962 incluyen a prácticamente todos los estados parte de la Convención, y van dirigidos al amplio abanico de posiciones ideológicas que han dominado en las distintas épocas y que han sido indiscriminadamente observados.

El último Informe Anual, 2009, donde se incluye tanto a Honduras como a Venezuela ha provocado la nueva andanada del presidente Chávez contra la Comisión y su secretario general, Santiago Cantón. (‘Prensa Libre’, 27 febrero p35). Pero resulta que Venezuela ratificó la Convención ADH en junio de 1977, depositó el instrumento en agosto del mismo año, y en abril de 1981, aceptó la competencia de la Corte Interamericana y hoy además, la comisionada de ese país. Con ello, asumió voluntariamente y de buena fe los compromisos adquiridos.

El presidente de Venezuela, efectivamente, podría denunciar la Convención dando un preaviso de un año al Secretario General de la Organización. Sin embargo, esa denuncia no desliga inmediatamente al Estado venezolano de las obligaciones contraídas y las responsabilidades por alguna violación cometida antes de la fecha en que produzca efectos la denuncia anunciada, y por un año queda sujeto a las deliberaciones de la Comisión.

Los ataques a este organismo son producto del antagonismo que provoca la respuesta de criterios apegados a derecho y de aquellos extremismos que han transformado las ideas en creencias, excluyendo la propia reflexión.

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