Antes de volar, se las cortaron

A los fiscales generales ¿no quiere entenderse?, les cortaron las alas antes de volar y, así, uno a uno, seguirán fracasando, a menos que se logre restablecer la jerarquía constitucional de mando y se haga, así, del Fiscal General, lo que este debe ser: el Jefe único de la Institución y, en consecuencia, el responsable de la misma.
La Ley Orgánica del Ministerio Público de 1994 –mamotreto jurídico– mina la autoridad del Fiscal General, estableciendo, por encima de este, un órgano constitucionalmente inexistente, el Consejo del Ministerio Público, órgano capaz de revocar sus decisiones ¿quién, entonces, es el Jefe? Un órgano que, además, goza de una composición poco menos que perversa, integrándosele con postulados que no resulten escogidos –en otras palabras, por contendientes del Fiscal General– y lo que raya en el mismísimo acabose, por dos fiscales electos por la Asamblea de Fiscales, Consejo que puede revocar sus medidas disciplinarias en contra de elegidos y electores.

¿Fiscal General, Jefe de la Institución o hazmerreír de la misma?
Puede nombrar, sí, pero a instancia del Consejo y, a su propuesta, decidir sobre el ordenamiento territorial que le convenga… ¿Qué haría usted, si sus manos estivuieran atadas?
¿Toda la ley es mala? No toda, –como tampoco eran corruptos, todos los diputados que la hicieron– pero, la verdad de las cosas, es que los goles de los perversos fueron tales, que lograron determinar su fracaso, desde su propio origen.
¿Mi sentencia? En tanto no se restablezca la autoridad del Fiscal General, sea este quien sea, será incapaz de dirigir la institución como se debe. ¿Será tan difícil comprenderlo?
Los “depurables” –me imagino– se estarán matando de la risa y, con ellos, los narcotraficantes, secuestradores y asesinos…

Ya –para colmo– las organizaciones de la sociedad civil imbuidas– ¿por qué no creerlo?– de muy buenas intenciones, incurren –una vez más– en el error conceptual que tiene al Ministerio Público, tal como se encuentra –equivocados sus caminos– sin entender ni tan siquiera cuál es la función primera que le corresponde, y que no es otra que velar por el estricto cumplimiento de las leyes, una función que, incumplida, determina el incumplimiento de las otras.
Al infractor y al delincuente no se les persigue por deporte, sino por su infracción de las leyes y lo hace quien vela por su estricto cumplimiento. Si no vela por este, mal podría encauzar, con éxito, persecución alguna, ¡tan claro como eso!
La CICIG cae en el mismo juego y, así, coadyuda a forjar un incorrecto perfil del Fiscal General –más cercano este– al de un mero policía. “¿Y cómo va a evitar que maten?, ¿y cómo va a evitar que roben?, ¿y cómo, en fin, piensa prevenir los delitos?” Por cierto, ¿de qué color será su gorgorito? ¡Por favor!
La culpa no la han tenido Ramsés Cuestas, ni Héctor Hugo Pérez Aguilera, ni Adolfo González Rodas, ni Carlos de León Argueta, ni Juan Luis Florido, ni Amílcar Velásquez Zárate.

La culpa la tienen los necios que siguen soslayando el problema: descabezado el Ministerio Público sin un Fiscal General que sea el Jefe, y olvidado de su función principal, la que determina incluso su existencia –habrá de fracasar– llegue quién llegue. ¿Qué no? A las pruebas me remito.

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