Ladiputada predilecta del área metropolitana, Nineth Montenegro, anunció el lunes que tanto el nuevo ministro de Gobernación, Carlos Menocal, como el Jefe de la CICIG, Carlos Castresana, le advirtieron desde la semana pasada que existe un plan para asesinarla.
Las opciones que le ofreció el Gobierno a una de las pocas congresistas que se ha ganado el respeto de la sociedad, más que proponer soluciones, parecen diseñadas para provocarle una jaqueca monumental, de esas que dan vértigo y ganas de vomitar
La primera opción de Nineth consiste en aceptar la “seguridad” del Gobierno. Eso significa abrirle las puertas de su casa y de su vida a un grupo de policías que ojalá no pertenezca al “Cartel del Tumbe” o a cualquiera de esas rentables empresas de sicarios, integradas por miembros condecorados de las fuerzas de seguridad, que además tienen nombres inverosímiles como “la banda del Mariachi Loco”, “Zopilotes Express” o la “Calaca Veloz”.
La segunda opción de la parlamentaria tampoco es una ganga: implica dejar tiradas su vocación, su carrera política y su lucha de treinta años, para tomar un ticket de avión hacia España o Canadá y dedicarse, con suerte, a abanicar las pestañas en un cubículo de la burocracia internacional.
Con esta “alerta temprana”, el Gobierno ha intentado lavarse las manos antes de que ocurra una tragedia, pues según el ministro Menocal, los conspiradores serían personajes del crimen organizado, en busca de un detonante capaz de desestabilizar a la actual administración.
Resulta vital que las autoridades pongan todo de su parte para proteger a la diputada Montenegro y su familia, y que el MP inicie de inmediato, con apoyo de la CICIG, una investigación exhaustiva del supuesto atentado, porque nuestro país no se puede dar el lujo de que las amenazas lleguen a concretarse.
Espero que lo entiendan, porque el daño que esto conllevaría para la actual pareja presidencial, la administración en pleno y para la gobernabilidad del país en sí, sería de una magnitud comparable a la del terremoto en Chile, sólo que con los efectos devastadores del de Haití.
No se puede obviar que la diputada Montenegro ha realizado una tenaz labor de fiscalización del programa insignia del Gobierno, Mi Familia Progresa. El virtual enfrentamiento que durante meses han protagonizado la Primera Dama, Sandra Torres, y la congresista, no contribuye en nada a alejar las sospechas de que las amenazas provengan de la actual administración.
Dicho esto, sabemos que en Guatemala las apariencias y la realidad no suelen coincidir. De hecho, a veces se produce una mezcla tan viscosa entre ambas dimensiones, que uno ya no sabe qué es y qué no, y si aún se puede creer en los principios de la metafísica.
En este caso en particular, el caldo de cultivo resulta perfecto para cualquier hipótesis: tenemos un conflicto muy público, un buen conjunto de enemigos políticos relevantes que encantados de la vida se prestarían a apuñalarse unos a otros, un sistema de justicia colapsado y un sinnúmero de matones dispuestos a cancelar partidas de nacimiento por muy poco dinero.
Lo cierto es que en semejante olla, quien más tiene que perder es la actual administración. El Gobierno puede declararse incapaz, fingir demencia, decir que el avance de las mafias lo desborda y que es víctima de otra conspiración. Pero ojo: si algo le pasa a Nineth, unos creerán que de verdad son asesinos y otros, que merecen hundirse en las urnas por incompetentes.
Más vale entonces que de verdad se dediquen a proteger a la diputada, sí o sí.
Al mismo tiempo, los únicos que ganan de verdad con cualquier desenlace son los capos. La sola denuncia de esta situación va a volver a distraer a la CICIG de su objetivo original: desmantelar a los famosos CIACS o “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.
Ni bien le acaban de dar un golpe a la Policía Nacional Civil y ya hay que curar otro asunto imposible de postergar porque el país zozobra. Y eso que la campaña electoral y la temporada de caza aún no empiezan de manera oficial. Vea www.dinafernandez.com
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