Desde que los militares admitieron su fracaso para gobernar, este país ha estado sometido a diversos niveles de intervención. Durante los gobiernos de Cerezo y Serrano se debía rendir cuentas a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y había que doblar el lomo ante el relator/asesor que esta nombraba para fiscalizar cómo cumplíamos con nuestras obligaciones.
Con las negociaciones de paz, la ONU adquirió un rol mayor como contralora de las políticas de Estado a través de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), una gigantesca operación que llenó al país de observadores extranjeros. Esta intervención, consentida por el Estado guatemalteco, se prolongó de 1994 a 2004. Su función era evitar que el Estado continuara torturando y matando a los guatemaltecos.
En plena agonía de Minugua en el 2003, y ante el auge del narcotráfico y las bandas de secuestradores, presumiblemente con complicidad del Estado, Edgar Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del FRG, propone una Comisión para la Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). La idea es liquidada por la Corte de Constitucionalidad. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la nueva versión impulsada por Eduardo Stein, vicepresidente de Berger, será aceptada en la ONU y ratificada por el Congreso, aunque con oposición del FRG y el Partido Unionista. Desde su establecimiento, la CICIG ha dirigido investigaciones y armado procesos junto con el Ministerio Público. Además, ha diseñado propuestas de reforma de leyes, para las cuales ha cabildeado en el Congreso. Últimamente ha ejercido derecho de veto en elecciones de magistrados, del director de la Defensa Pública Penal y nombramientos en Gobernación y la Policía Nacional Civil; es previsible que lo haga también en la designación del nuevo Fiscal General.
En el ínterin, los embajadores asentados aquí también han rebasado su papel diplomático para transformarse en activistas. No es sólo la embajada de EE.UU., que siempre ha tenido un gran peso, sino también las de países europeos e, incluso, latinoamericanos.
La conclusión a la que se llega es que este país no sabe gobernarse y por ello necesita de muletas extranjeras. A pesar de los pataleos de la derecha –cuya vertiente empresarial se resignó a la presencia de la CICIG– y de las críticas que emergen de los amigos de Alfonso Portillo, sin la intervención extranjera Guatemala no habría tenido gobiernos libremente electos, en los que ahora participa la antigua insurgencia. De haber persistido el nacionalismo aislacionista de los militares, seríamos como Birmania o tendríamos cuartelazos cada jueves y domingo. De seguro, nunca habríamos emprendido el rescate del sistema de seguridad y justicia ni seríamos conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente, los derechos indígenas, la igualdad de la mujer y abatir el negocio de las adopciones.
Ya tenemos la patota de la intervención dentro, lo mejor que podemos hacer es apoyarnos en ella para construir un estado fuerte y eficaz. Esa es la única manera de sacudirnos la arrogancia y prepotencia de los que, con razón y conocimiento, nos dicen hoy cómo debemos gobernarnos.
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