Estaba programado que un colaborador eficaz del caso Rosenberg recuperara su libertad este día. El MP se opone.
Estaba previsto que hoy uno de los dos colaboradores que ayudó a resolver el crimen de Rodrigo Rosenberg dejara la prisión. Ayer, no obstante, la fiscalía solicitó al Juzgado Décimo revocar el beneficio que iba a recibir el ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Mario Luis Paz Mejía.
Él fue acusado de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas; por el primer cargo, la fiscalía renunció a perseguirlo más y por el segundo ilícito, que saliera de la cárcel, sujeto a supervisión.
La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló que Paz Mejía participó en la planificación y ejecución del asesinato de Rosenberg en mayo de 2009.
El ex policía estuvo a pocas horas de disfrutar la libertad que buscó desde que decidió contar a fiscales detalles del crimen. Hoy tenía que acudir a firmar el acta de su acuerdo con el Ministerio Público (MP), ya aprobado por el Juzgado Décimo.
La fiscalía, sin embargo, se mostró contra esta acción en el último momento. Se opuso a la decisión de la juez de cerrar cualquier acusación contra el sindicado y propuso que el MP controle durante un año el comportamiento del sindicado.
CICIG presentó un amparo a última hora para suspender la resolución de la juez al otorgar los beneficios a Paz Mejía. La juez Décimo de Primera Instancia Penal, Verónica Galicia, dijo que de momento la situación del colaborador eficaz queda en impasse.
“Ella misma dictó criterio de oportunidad, y a la vez ordena sobreseer el caso. Cuando el criterio de oportunidad debe ser de al menos un año. Si en ese tiempo no pasa nada, pues se concluye el caso”, indicó el fiscal Rubén Herrera que cree que es un “error técnico” que debe mejorarse.
“Recuerde que es el primer caso donde se aplica la ley de colaborador eficaz”, comentó Herrera. La norma fue creada en 2006, pero utilizada por primera vez en este proceso penal.
Galicia explicó que ella simplemente aplicó la ley. “Yo actué de conformidad con ley de delincuencia organizada. Que dice que cuando se solicita criterio de oportunidad el juez debe autorizarlos y debe decretar sobreseimiento del proceso”, dijo Galicia. “Posiblemente los fiscales desconocían la ley”, agregó la juzgadora.
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