Lider tiene dudas sobre por qué tres entidades del Estado tienen contratos con empresas no reconocidas.
Laoposición en el Congreso se pregunta por qué tres entidades del Estado firmaron contratos con la empresa San Rafael, vinculada a Proyectos Maskana, S.A., señalada de incurrir en lavado de dinero en la cartera de Gobernación, por un contrato de Q40 millones por cupones de gasolina para los vehículos de la Policía Nacional Civil. Por el momento, la bancada Lider está a la espera que las autoridades de los ministerios de la Defensa Nacional, Gobernación y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), expliquen por escrito tal situación.
La duda de los parlamentarios nace ante el silencio de las autoridades de estas entidades, en una reunión realizada por los congresistas, cuando al consultarles “¿por qué se contrató a estas empresas para que les distribuyeran el hidrocarburo habiendo otras de renombre?”, nadie ofreció una respuesta.
En el caso del Ejército, el ministro Abraham Valenzuela, dijo ante los diputados que ellos habían erogado en 2009, Q19 millones en la adquisición de gasolina para vehículos aéreos y terrestres, pues solo la empresa San Rafael les había proporcionado el servicio de abastecer a sus tropas sin importar el lugar donde les fuera requerida.
El jefe de la SAAS, Ricardo Marroquín, se limitó a explicar a los congresistas que fueron invertidos al menos Q1 millón en abastecimiento de gasolina desde noviembre del año pasado hasta febrero de 2010. La adquisición del combustible en ambas entidades se realizó sin licitar.
“Lo que no nos queda claro es por qué no se les compró a otras empresas y por qué precisamente esas tres instituciones les compraron y se gastaron millones en ellas. Estamos esperando la respuesta de ellos, aunque el jefe de bancada será el que tome la decisión –de lo que se hará si no reciben la información–”, explicó Elizabeth Donis, diputada de Lider.
Mientras tanto, el Ministerio Público analiza la vinculación entre ambas entidades para determinar si existe alguna ilegalidad en la transacción realizada entre Proyectos Maskana y San Rafael.
Hasta el momento, una denuncia de la Intendencia de Verificación de Bancos indica que se realizaron transacciones sospechosas con dinero del Estado por más de Q10 millones entre ambas empresas. Fondos que habrían sido trasladados a Estados Unidos, Panamá y Brasil.
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