La farsa

Uno de los elementos prioritarios de la democracia es un sistema de partidos políticos con arraigo, proyección y objetivos de largo plazo que además cumplan con la función de intermediación que les corresponde.
Sin embargo, las últimas décadas en nuestro país, nos coloca ante un enorme abanico de partidos que nacen, crecen, se dividen y mueren, sin haber consolidado su identidad ni ganado el respeto de los votantes como una opción atractiva para dirigir la Nación. Al final se vota por el menos malo.
Y es que los ciudadanos desconocemos qué representa cada partido hasta unos meses antes de las elecciones. Diferente entusiasmo provocaría en el pensamiento de un dirigente partidario que diera seguimiento a los distintos temas de Estado transmitiendo un liderazgo político serio y congruente. De esa manera no quedaría el vacío absoluto que percibimos los ciudadanos durante más de tres años que sólo se rompe cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace la convocatoria oficial.

Es decepcionante que los pretendidos líderes sólo aparezcan en público en un cortísimo tiempo con técnicas de mercadeo dirigidas a convencer a los votantes con promesas exaltadas y absurdas porque no se ha dado un trabajo reflexivo que permita a la ciudadanía identificarse con alguna de las opciones que se plantean.
La venta de la ficha partidaria al mejor postor, la falta de transparencia en el financiamiento, la veleidad de los dirigentes y el transfuguismo, así como la irresponsabilidad del discurso político demagógico y en muchos casos la notoria incapacidad de las cúpulas, induce al escepticismo de la población informada, que con razón, se abstiene de hacer política partidaria.
La gran farsa que hoy domina la institucionalidad, con el veto para cargos de elección a los miembros de un partido, tiene como consecuencia el encumbramiento de muchos personajes mediocres que sin filiación partidaria formal, son aliados incondicionales de alguna organización poderosa a la cual comprometen en su futuro desempeño a cambio de apoyo.
La criminalización de la actividad pública de los políticos conforme a las recientes reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 4-2010 del Congreso, entorpecen aún más la comunicación necesaria para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada.

El “Editorial” de elPeriódico del pasado sábado, transcribe el Artículo 16 b, que prescribe penas de prisión de 4 a 7 años y multas para los responsables de “… actividades de diversa índole que directa o indirectamente pretendan impulsar, promover, difundir o dar a conocer a una o varias personas para ocupar un cargo público de elección popular, con anticipación a la convocatoria oficial que realiza el Tribunal Supremo Electoral…”.
Comparto el contenido del “Editorial” pero además, las reformas aprobadas permiten silenciar a los partidos políticos con un criterio muy discrecional cuando se habla de publicaciones que directa o “indirectamente” promuevan, o den a conocer a un potencial candidato.
Pero en ese contexto es de suponer que ningún partido político podrá informar a la población de los objetivos, estructura, o programas, ni contratar un campo pagado para pronunciarse sobre un tema de interés nacional, ni dar a conocer su símbolo. ¿Pero entonces, cómo conocer y cómo fortalecer la estructura partidaria y la institucionalidad política del país?
Lo que sí se facilita es una nueva farsa, en la que justificándose en el igual punto de partida para el inicio de la campaña electoral, el partido oficial y su potencial candidata sean favorecidos, garantizando la exclusividad propagandista y en clara ventaja competitiva con sus adversarios.

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