El ex ministro es acusado por malversación e irregularidades en la compra y entrega de 25 vehículos destinados a apoyar la lucha contra la impunidad.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó una denuncia contra el ex ministro de Gobernación y actual alcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara, por los delitos de malversación, peculado y concusión.
La acusación fue presentada el pasado viernes en la oficina de atención permanente del Ministerio Público (MP). La CICIG sostiene que Gándara autorizó que la compra de vehículos para apoyo a la comisión se hiciera a través de una organización no gubernamental, la Asociación para el Desarrollo Familiar (Adesfam). Esta ONG es representada por Luis Gabriel López, médico personal del presidente Álvaro Colom durante la campaña electoral de 2007.
Entre las irregularidades, la CICIG señala: a) que los vehículos están a nombre de la ONG, b) que no se conoce la ubicación de uno de los automotores y c) que Gándara tomó para su uso personal un automotor blindado destinado para el Programa de Testigos Protegidos.
Gándara respondió, a través de su vocero, que en el momento necesario proporcionará las explicaciones. La razón por la cual usa el vehículo es porque, según él, CICIG los rechazó.
El 25 de marzo de 2008, el entonces ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, y el jefe de la CICIG, Carlos Castresana, firmaron un convenio de cooperación. En el acuerdo estaban asignados –según el decreto ministerial 70-2007– Q30 millones para apoyar a CICIG.
Como ese dinero no se ejecutó durante 2008, se replanteó para el siguiente año, a través del decreto 72-2008. Gándara preguntó entonces a la CICIG en qué podían ayudar dichos fondos a la comisión; y el ente internacional, a través de correspondencia interinstitucional, respondió que necesitaba 26 vehículos: entre ellos 6 blindados para fiscales, policías y testigos protegidos. Y pidió, además, equipo de cómputo y herramientas para investigación. Así fue presupuestado.
Gándara aumentó la cantidad asignada para dicha cooperación a Q35 millones y contrató a Adesfam para que llevara a cabo las compras. El contrato entre el Ministerio de Gobernación (Mingob) y Adesfam, no obstante, fue suspendido por irregularidades a mediados del 2009, según explicó a periodistas el ex ministro, Raúl Velásquez.
Sólo se ejecutó el 22 por ciento del dinero total: se compraron 25 vehículos y 2 de ellos eran blindados.
El 10 de septiembre de 2009, el Mingob envió 17 vehículos a la CICIG. La orden de salida de la cartera del Interior reportó que se entregaban 18. En dicho parque vehicular hizo falta uno: un pick up Nissan Navarra 4x4, modelo 2009, con placas P299DYR.
Ninguno de los carros era blindado y todos estaban a nombre de Adesfam. Y por esa razón la Comisión decidió inmovilizarlos, según declaró ayer el vocero de CICIG, Diego Álvarez.
“Son recursos del Estado que no estaban a su nombre. Como venían a nombre de un particular no se aceptó porque parecía raro”, dijo Álvarez, que confirmó que los carros no eran blindados.
El representante de Adesfam, Luis Gabriel López, afirmó que los vehículos ya pasaron a nombre del Ministerio de Gobernación. “Sí están a nombre del Estado. Yo doy fe, tengo fotocopias. Los endosos se hicieron por el ministro que anda prófugo”, aseguró.
Rodolfo Flores, vocero de la Municipalidad de Villa Nueva, afirmó que Gándara decidió utilizar los carros que no fueran utilizados por la CICIG. “El propio Carlos Castresana envió, según me dice el Alcalde (Gándara), una nota al Presidente (Álvaro Colom) diciendo que ya no requería del uso de esos vehículos”, explicó Flores. Esa es la razón, aseguró, por la cual Gándara dispuso de los carros.
En CICIG explican que lo que más requerían era vehículos blindados para proteger a fiscales, policías y testigos protegidos.
En el Ministerio de Gobernación desconocen el paradero de seis carros. Los dos blindados se sabe en donde están: uno aún lo tiene Gándara para su uso personal y Velásquez hizo lo mismo con el otro. Ningún vehículo blindado fue destinado, como estaba en el acuerdo, a fiscales, policías o testigos.
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