En una maratónica jornada los juzgadores aceptaron el requerimiento hecho por el Gobierno de Estados Unidos, aunque este debe ser juzgado antes por peculado en el país.
En una atropellada y prolongada audiencia de casi 12 horas de duración caracterizada por aplausos, regaños e incluso una llamada anónima donde se amenazaba de muerte a los familiares de los integrantes del Tribunal de Sentencia, dicho órgano jurisdiccional, resolvió declarar la procedencia del requerimiento de extradición solicitado en contra del ex presidente, Alfonso Portillo Cabrera, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Después de la deliberación de los tres jueces, estos resolvieron declarar procedente la extradición, pues a criterio de ellos, el Gobierno de Estados Unidos llenó los requisitos básicos. El fallo del tribunal se basó en la Ley Reguladora del Proceso de Extradición, en el tratado de extradición suscrito por Estados Unidos y Guatemala y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Sin embargo, el Tribunal decidió que el ex mandatario debe ser juzgado antes en el país por el delito de peculado. A Portillo se le acusa de “lavar decenas de millones de dólares” que fueron a parar cuentas de sus familiares en EE.UU. y Europa, según los argumentos del gobierno estadounidense.
Aunque Morelia Ríos, juez presidente del referido tribunal, citó a las partes a las 15:00 horas fue hasta las 21:15 que los juzgadores se hicieron presentes para dar a conocer el fallo.
Telésforo Guerra, defensor de Portillo, indicó que impugnaría por medio de un recurso de apelación la decisión judicial, pues a criterio la misma no está apegada a derecho. Además, dijo que aún había un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolver por lo que aseguró que el tribunal no debió tramitar la solicitud de extradición hasta agotar la acción pendiente.
“Una oficial nos ha informado que se ha recibido una llamada anónima donde se nos indica que tienen a nuestras familias secuestradas y si no suspendemos la audiencia en 15 minutos los van a matar”, dijo con voz nerviosa la juez presidente del Tribunal, Morelia Ríos. Guerra pidió que se verificara la veracidad de la amenaza para no perjudicar el desarrollo del proceso.
El presidente Álvaro Colom dijo que “hay que cumplir la ley, las normas internacionales”. “Autorizaría”, respondió cuando se le preguntó si firmaría la extradición del ex mandatario.
“No improvisar” y “tomar medidas con antelación” fue la recomendación del coordinador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, cuando se pronunció con relación al caso de los jueces amenazados. Como un “incidente lamentable” y un “intento de entorpecer” calificó las amenazas contra integrantes del tribunal. Confió en que “los intentos de acoso” no resulten efectivos. “Presiones, las va a haber peores”, advirtió.
Al finalizar la audiencia, el abogado defensor de Portillo, Telésforo Guerra, indicó que apelarán el fallo. “Vemos la decisión precipitada e inconstitucional, esperamos que el Tribunal de Segunda Instancia pueda revocarla”, apuntó.
Agregó que las declaraciones juradas enviadas por las autoridades estadounidenses no constituyen suficientes elementos de juicio para darle paso a la extradición.
A su juicio, el fallo es “político, escueto y toma en cuenta el criterio del MP y repite el requerimiento del fiscal de Nueva York. Un simple juramento de que tienen las pruebas no es suficiente”, acotó.
Guerra dijo que la resolución violentó principios elementales de la defensa.
La Fiscalía Especial coordinada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó ante el Tribunal Quinto de Sentencia que se declarara procedente la extradición de Alfonso Portillo a Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al ex dignatario del delito de asociación delictuosa para el lavado de dinero.
El fiscal Preet Bharara formuló la acusación en contra del ex mandatario. En la misma se asegura que Portillo “malversó fondos públicos por un valor de decenas de millones de dólares, lavó a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos de América y Europa. Como presidente (2000 al 2004) el acusado ejerció supervisión directa sobre los bancos nacionales del país, uno de ellos el Crédito Hipotecario Nacional (CHN)”.
“El 2 de febrero de 2000 Portillo nombró a un co-conspirador…como presidente del CHN, este ayudó a otros co-conspiradores que no figuran en el presente. Alrededor de esa fecha y hasta el 2003, malversó fondos del Gobierno de Guatemala e hizo una serie de operaciones fraudulentas a través del CHN…”, reza parte de la acusación.
La Fiscalía presentó ante el Tribunal los medios de prueba aportados por el gobierno de Estados Unidos. Entre estos destacan: declaración jurada de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, orden de arresto emanada en Estados Unidos, declaraciones juradas de documentos donde se sustenta la extradición, declaraciones de testigos, registros bancarios y el acuerdo del consentimiento otorgado por México para entregar a Portillo a Estados Unidos.
La fiscalía hizo uso de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción ratificada por Guatemala en noviembre de 2006, la cual establece el delito de lavado de dinero.
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