Ahora que ya se tiene claro el rumbo que puede tomar la petición de extradición de Alfonso Portillo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y la CICIG deben extremar medidas para protegerlo, no vaya a ser que el ex presidente muera antes de llegar a Estados Unidos.
El expediente de la Fiscalía de Nueva York que solicita la extradición de Portillo hace ver que este, más que un ejecutor, era un apañador de los delitos que otros perpetraban. Mientras el resto de los que participaban en el expolio del erario cargaban con la mejor parte del botín, Portillo apenas cobraba el 6 por ciento de la operaciones que protegía y encubría. Tener en sus manos a Portillo, interrogarle e intimidarle puede representar para la fiscalía neoyorkina la oportunidad de ganar un colaborador eficaz que les permita armar casos más sólidos y contundentes en contra de los grandes beneficiarios de la operación de saqueo del Estado que se produjo a inicios del régimen del FRG. Ante esta perspectiva, no resulta descabellado pensar que los ex patronos de Portillo harán todo lo posible para garantizar su silencio. Y una de las tácticas que pueden utilizar es liquidarlo dentro del penal. Recuerden ustedes lo que le sucedió a los policías capturados por el asesinato de los diputados salvadoreños.
Por otra parte, el testimonio de Portillo también es vital para lograr una condena contra quienes utilizaron al Departamento de Finanzas del Ejército como vehículo de corruptelas. Las investigaciones previas del Ministerio Público y la CICIG han documentado ya casos en los que el general Enrique Ríos Sosa firmó cheques por Q120 millones que fueron cobrados en efectivo por diversas personas. El dinero quedaba presuntamente en posesión de Ríos Sosa quien posteriormente emitía certificaciones en las que declaraba su utilización en compras de suministros y servicios “reservados” que el Ejército nunca recibió. En 2001, el año que ocurrieron estos hechos, Portillo autorizó transferencias por Q709.5 millones a la institución castrense, un porcentaje sustancial de las cuales habría sido escamoteado por él y sus socios. El total de los desfalcos asciende a Q471 millones 585 mil 965.35. Por este caso están procesados 5 militares más. Recientemente fue capturado el ministro de Finanzas de la época, Manuel Maza Castellanos, quien también habría tenido complicidad al tramitar las transferencias.
Como puede verse, hay dos redes en las que Portillo parece haber tenido participación. La primera, recién entradito al Gobierno, lo utilizó solamente como socio menor. Y la segunda, la del saqueo al Ejército, ya parece implicarlo como socio principal y le reporta más beneficios. Pero en ambos casos, es evidente que a ninguno de los accionistas de los cárteles –tanto quienes están procesados como a los que resta por encausar– les conviene que Portillo sea llevado a Estados Unidos. Ahí perderían cualquier posibilidad de controlarlo.
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