Al menos 693 agentes resguardan a diputados, sus esposas, sindicalistas, a la familia Torres, a un alcalde que desvió un río y hasta ex candidatos a diputados.
En el país hay 22 mil policías. En el caso hipotético que todos se dedicaran a cuidar a la población y que no descansaran, uno de ellos sería el responsable de vigilar a 613 habitantes, según las estimaciones de la propia Policía. Pero 127 agentes de seguridad resguardan la vida de 27 diputados. La cifra contrasta con los 10 que cuidan a cinco testigos protegidos, según un listado de protección a funcionarios públicos de la División de Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC). El informe establece que se da seguridad a 238 funcionarios, sus familias y sindicalistas. Aunque fuentes de la Subdirección General de Operaciones aseguran que son 300.
“¿Sería un teclazo o mala fe?”, se pregunta el diputado Manuel Barquín, subjefe de la Gana. En el listado aparecen designados 54 agentes para su protección. Explica que sólo tiene 4 a su servicio y justifica que fue fiscal del Ministerio Público en dos casos de alto impacto. Recuerda que tuvo un atentado en 2003.
El diputado Rodolfo Castañón tiene cuatro agentes, dos a su servicio y dos más para su esposa. En tanto que el jefe de la bancada oficialista Roberto Kestler tiene ocho y el patriota Gudy Rivera, seis. Manuel Baldizón, de la agrupación Lider, cuenta con siete policías.
Pero la lista incluye también a tres ex diputados y al candidato de la agrupación Casa por el listado nacional, Milton René Sandoval Recinos, quien no logró una curul en las elecciones pasadas.
Los ex ministros y viceministros de Gobernación encabezan el listado de funcionarios con mayor número de seguridad a su servicio. Raúl Velásquez tenía asignados 61 agentes, Ebel Reginaldo López y Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, ambos 18, Marlene Blanco 9 y Francisco Cuevas 8.
Sin ser funcionarios públicos, la “familia de la Primera Dama”, como la clasifica el reporte, tiene 11 y Gloria Torres, su hermana, 2. Hasta los sindicalistas Joviel Acevedo –con un oficial– y Nery Barrios –con 4– gozan del beneficio. El Procurador de Derechos Humanos cuenta con 16 agentes asignados.
En el 35 por ciento de los casos, no se reporta quién dio la orden de proteger a los funcionarios. Sólo 57 jueces cuentan con seguridad personal. La Cámara Penal anunció ayer la puesta en marcha de un plan, con ayuda internacional, para proteger a jueces y magistrados.
Nadie sabe a ciencia cierta si los frecuentes descontroles en los registros de la Policía provocaron que en el listado emitido hace 6 semanas figure el entonces ministro de Educación, Bienvenido Argueta, con 6 agentes de seguridad asignados por órdenes del ministro Vinicio Gómez, fallecido en un accidente el 27 de junio de 2008.
¿A quiénes prestan seguridad? ¿Cuál es la justificación? Son preguntas que para Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, se deben responder con un reordenamiento del listado de seguridad a funcionarios. “Muchos de los criterios que tienen que ver con la seguridad están relacionados con situaciones políticas, no necesariamente porque las medidas de seguridad sean indispensables para los funcionarios. La Policía es muy permeable a situaciones políticas”, opina.
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