La línea de investigación da cuenta que los investigadores fueron acribillados por integrantes de un grupo de narcotraficantes que opera en las zonas 1 y 2.
Diez días han transcurrido desde que tres investigadores de la Unidad de Homicidios de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) fueron asesinados en 2 distintos ataques. Según las pesquisas hechas por la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP), 2 de los 3 policías fueron muertos por un grupo dedicado al tráfico de drogas en las zonas 1 y 2 el pasado 10 de marzo. La investigación vincula a presuntos policías en activo con esta estructura criminal.
El MP maneja la hipótesis que indica que los investigadores de la PNC, Gustavo Adolfo Pineda y Noé Eliú Blanco Solís, asesinados en la zona 2, en las inmediaciones del Cerrito del Carmen, investigaban la muerte de Rolando Antonio Altamirano, supuesto distribuidor de droga, quien fue muerto a tiros a eso de las 5 de la madrugada en la zona 2. En esa escena del crimen se localizaron 7 casquillos y dos ojivas. Según el MP, el inmueble donde ocurrió el hecho es utilizado para expender drogas y para que mujeres ejerzan la prostitución.
La investigación apunta a que los policías muertos le daban seguimiento al presunto responsable de la muerte de Altamirano. La Fiscalía acogió a dos testigos protegidos en el caso, quienes declararon que dos sujetos, conocidos como El Maco y El Lágrimas, fueron los que dispararon en contra de Altamirano.
Los testigos protegidos aseguraron que los dos presuntos responsables de los crímenes le dan una cuota a policías en activo para que estos les brinden seguridad en el lugar.
Dijeron que ellos reconocieron tanto a los presuntos asesinos como a por lo menos dos agentes que brindan seguridad en las inmediaciones de la escena del crimen. La hipótesis sustentada por el MP es que El Maco y El Lagrimas tienen fuertes vínculos con agentes de la PNC y que estos ordenaron la muerte de los investigadores para que no desarticularan la banda que opera en el lugar. “Uno de los testigos protegidos viajaba en el vehículo de los investigadores y ayudaba a identificar lugares donde se expende droga, pero minutos antes del ataque se bajó, por lo que creemos que también buscaban matar al testigo”, explicó el fiscal.
Consultado Nery Morales, portavoz de Gobernación, se limitó a indicar que la investigación está en reserva y que se coordina con la Fiscalía apoyo y logística para resolver el caso. “Para nosotros es importante el esclarecimiento de este hecho”.
Otra hipótesis señala que Diego Armando López, integrante de la División de Investigación Criminalística (DICRI), podía estar involucrado en este hecho. Este fue denunciado por Gustavo Adolfo Pineda, una de las víctimas, por el delito de abuso de autoridad y lesiones leves. La denuncia es investigada por la Fiscalía contra Delitos Administrativos del MP.
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