Las fotos de Alfonso Portillo en las portadas de prensa valen millones de palabras. En una de ellas, el ex Presidente se sostiene la frente, con los ojos vidriosos, cuajados de lágrimas. En otra, camina en un pasillo de tribunales con el gesto compungido: lleva los hombros gachos, derrotados, la vista fija en el suelo, y la boca apretada, como si estuviera a punto de estallar en llanto. Los guardias a su alrededor, que sin duda ya son sus amigos, lucen igualmente tristes. Hace diez años, Portillo estaba en la cima del poder. Hoy está obligado a rendir cuentas.
¿Y qué ha cambiado en Guatemala? Todo o nada: depende de nosotros. Hay quienes ven con mucho optimismo “los golpes” que se han dado a las mafias en tiempos recientes.
Portillo, una de las cabezas visibles de un Gobierno donde abundó la corrupción más burda (no la sofisticada, que se esconde en sociedades anónimas y contratos inescrutables), está en la cárcel, a la espera de una extradición a Estados Unidos, junto con una gavilla de funcionarios que bien pueden conformar una junta de Gabinete.
Otras personas, entre las cuales me incluyo, vemos el proceso con más escepticismo. Ante todo, porque no surge de un clamor local y de la aplicación rigurosa de la ley por parte de instituciones fuertes y disciplinadas. Aquí estamos en presencia de un caso de “excepcionalidad” gestado desde afuera y llevado a término con presión igualmente externa.
Si imperaran en el país condiciones “normales”, Portillo estaría risa y risa en su hacienda de Zacapa, trabajando con Mario Estrada en la construcción de un partido político que les permitiera regresar al poder: si no al Palacio, por lo menos a gozar de cuotas importantes del presupuesto.
Otros personajes relevantes que tienen con nuestro país deudas iguales o mayores que el famoso Pollo Ronco andan pavoneándose por las calles, vitoreados en fiestas de etiqueta y campos de golf, libres para hacer negocios con quien les dé la gana, para ser tratados a cuerpo de rey en cualquier banco en Miami o para tomarse una foto con Mickey Mouse.
No debemos perder de vista que el ex presidente Portillo está hoy encarcelado gracias a dos puyas poderosas: la Fiscalía de Nueva York, que solicitó su extradición y la CICIG, que acicateó su captura. De no ser por ellas, el hombre seguiría tan fresco como siempre o cuando menos, habría logrado esconderse en alguna playa del Caribe para gozar de un exilio sin sobresaltos.
En este caso en particular, las fuerzas externas ya han cumplido su parte. Ahora toca que los locales asumamos nuestra responsabilidad. Esa tarea no se circunscribe sólo a dar correctamente los pasos que siguen en el proceso del ex Presidente del FRG y su séquito.
Hace 15 años, se apresó con gran alharaca a Alfredo Moreno, acusado de dirigir las redes de contrabando en el país. Se batieron con gran fuerza los tambores, pero no se enjuició a los verdaderos cabecillas de estas mafias ni se desmanteló la estructura burocrática y legal que ha permitido que estas florezcan hasta el día de hoy. Con Portillo puede suceder casi lo mismo. Y digo casi, porque sí hay una variable distinta, capaz de detonar un desenlace más favorable: la extradición en sí misma. Ya en Estados Unidos, el ex mandatario podría decidir tomar el camino de su amigo José Armando Llort, alojarse en un chalet de Coral Gables y hacer honor al ‘Cartel de los Sapos’.
Ahora bien, que en Guatemala veamos cambios sustantivos y perdurables en el combate a la corrupción y a la impunidad, depende de la voluntad política de las elites locales y de la masa crítica que pueda hacer la ciudadanía en esa dirección. La clave está en renunciar a ese sistema donde el poder político (y el presupuesto) son un botín a repartir entre los amiguetes, y donde la ley es una culebra que en estado natural sólo muerde a los descalzos; que se puede amaestrar para atacar a quien yo quiera, cuando quiera, y que desde luego se mata de un tajo cuando me enseña los colmillos a mí o a los de mi combo. Vea www.dinafernandez.com.
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