Juan Luis Font
El proceso de extradición podrá durar 5 años más, podrá incluso prolongarse una década, pero a estas alturas, muchos guatemaltecos perciben ya que la impunidad se ha roto en el caso de Alfonso Portillo. Eso supone un cambio de gran relevancia en la cultura política del país. El ex Presidente está en prisión, el tribunal ha autorizado extraditarlo a Estados Unidos y el Ministerio Público le mantiene formalmente acusado del delito de peculado.
Si tan solo se lograra recuperar para Guatemala una parte del monto que colocó en cuentas a nombre de su hija Otilia y su ex esposa, y que se mantiene congelado en bancos europeos (3.8 millones de euros), la reivindicación sería casi perfecta.
El casi se refiere a una discusión que aún no se quiere abordar por parte de la elite política del país: ¿cuán indigno es para Guatemala mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, que se dedica a comprar con metálico la voluntad de nuestros gobernantes? ¿No son las declaraciones de Portillo, confeso de haber recibido dinero como regalo de un gobierno extranjero, suficiente motivo para llamar a otros ex gobernantes (Cerezo, Arzú, Berger) y al presidente Colom a declarar sobre el tema y romper vínculos con Taipei? El ex Presidente que ahora está en prisión no llega a decirlo con franqueza, pero es obvio que Taiwán le sobornaba, como se puede presumir que ha hecho con todos los gobernantes del país, para que Guatemala mantenga abierta su embajada.
Por otro lado, si la captura de Portillo y su enjuiciamiento en Estados Unidos condujera a terminar el poder de La Cofradía y sus herederos, como organización mafiosa, ahí se estaría produciendo un cambio fundamental para el país. Insuficiente, es cierto, porque junto a La Cofradía operan en Guatemala otros cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad muy dañinos para el país que hasta hoy son intocables, pero muy propicio.
Y los argumentos de Alfonso Portillo respecto a una supuesta venganza en su contra de parte de Estados Unidos o del embajador McFarland, no sólo resultan ridículos (¿ocuparse de un descolorido y casi olvidado personaje?), sino además perjudiciales para la causa que dice defender.
Portillo alude a los abusos del imperio estadounidense para victimizarse. Él no es víctima en este caso, pero sí es cierto que como poder inmenso, Estados Unidos ha ejercido sobre Guatemala en ciertos momentos de su historia un ascendiente muy negativo. No es el caso de Portillo un ejemplo de dignidad del pequeño ante el gigante. Por el contrario, su gobierno cedió torpemente soberanía nacional a Estados Unidos en lo diplomático y en el plano de la lucha antidrogas en un afán de recuperar credibilidad. Cuando se produjo la descertificación en la lucha contra las drogas, Portillo comprendió que Estados Unidos ya había detectado su vinculación con poderes mafiosos y trató a toda costa de mejorar su imagen personal. Más tarde, con el incidente ocurrido en Baltimore (agentes federales estadounidenses irrumpieron en las habitaciones de hotel de Portillo y su esposa), estaba claro que sospechaban de él.
Por último, otro significado del proceso en contra de Alfonso Portillo es que, hasta este momento, en la lucha contra la impunidad, el ‘establishment’, la oligarquía o la elite económica y social del país, a la cual el ex Presidente fustigó airosamente durante su gobierno, va ganando la partida.
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