Los últimos días han sido tormentosos para la oposición política y la disidencia en nuestro país. Por un lado, se descubrió un plan de asesinato contra la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, y 3 de sus asesores, presuntamente urdido a raíz de la insistencia de Montenegro en fiscalizar la ejecución del programa social del Gobierno Mi Familia Progresa, a cargo de la esposa del Presidente, Sandra Torres de Colom.
Este plan de asesinato fue confirmado por el responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, quien, incluso, recomendó a Montenegro que abandonara el territorio nacional por razones de seguridad, a lo que la congresista se negó y, más bien, hizo extensiva su fiscalización a otros programas sociales del Ejecutivo, que también se ejecutan sin la debida transparencia. Sin duda, una soberbia respuesta que evidencia coraje, determinación y valentía.
Por otro lado, dirigentes del Partido Patriota (PP) denunciaron que el secretario de la Paz, Orlando Blanco, había creado el denominado Plan Victoria 2012, que contiene campañas de desprestigio contra todos los sectores de oposición que incluye al empresarial, medios de comunicación y partidos políticos. La dirigencia del PP denuncia un plan de desprestigio en contra de Otto Pérez Molina, líder máximo de la organización política, con base en los casos MDF y Bámaca.
Por cierto, cabe destacar que varios medios de comunicación y periodistas también están siendo víctimas de “campañas negras”, cuyo objetivo es descalificarlos, desprestigiarlos, calumniarlos, denigrarlos y difamarlos, las cuales ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades, así como de la comunidad internacional. Sin embargo, a la fecha, no ha habido resultados de las respectivas investigaciones y se asume que las denuncias no están siendo investigadas como se debe por instrucciones superiores, por lo que podrían terminar planteándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la total desidia e incumplimiento del debido proceso en Guatemala.
También ha trascendido que el oficialismo buscará la cancelación de algunos partidos de oposición, específicamente Libertad Democrática Renovada (Lider) y Visión con Valores (Viva), con el propósito de que no compitan en las próximas elecciones generales. Preocupa sobremanera esta situación porque pareciera que se está repitiendo el mismo patrón que en otros países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Argentina, en donde la crítica, la disidencia y la oposición política son constantemente hostigadas y atacadas, con el fin perverso de silenciarlas y aplastarlas.
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