Tan solo en 2009, el gobierno de Álvaro Colom entregó subsidios que superaron los Q617.8 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala.
Tan solo en 2009, el gobierno de Álvaro Colom entregó subsidios que superaron los Q617.8 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala (AEAU), integrada por más de mil dueños de buses particulares. ¿Cómo subsidió el Gobierno a estas empresas? ¿Por qué en el término de un año el Ejecutivo realizó aportes millonarios, que no estaban contemplados en el Presupuesto Nacional, hacia empresas privadas que meses después vendrían a realizar uno de los negocios más grandes en la historia de Guatemala?
El proyecto “Transurbano”, nombre con el cual se denomina el cambio total de autobuses de la Ciudad de Guatemala, será el proyecto de infraestructura más grande de los últimos 30 años en el país. Tendrá un costo aproximado de Q5 millardos y renovará la totalidad de buses, además de implementar un sistema de prepago en las estaciones, según Luis Gómez, presidente de la gremial de transportistas.
Estas preguntas, amparadas con documentación, fueron resueltas por elPeriódico y muestran cómo el Gobierno fue aumentando en cuestión de meses el financiamiento a transportistas privados con fondos del Estado hasta llegar a desviar fondos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi) que en la actualidad tiene deudas por Q2.4 millardos con los contratistas del Estado.
De enero a octubre, el gobierno del presidente Álvaro Colom aprobó 2 subsidios y un aporte extraordinario para el transporte urbano. El primer aporte de Q255 millones para los transportistas, que hoy día están aglutinados en 4 empresas privadas, fue aprobado a través del Decreto 72-2008 que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2009.
De este monto, Q29 millones fueron financiados con fondos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y Q226 millones financiados con impuestos que pagan los ciudadanos. Los aportes fueron entregados por el Gobierno a AEAU a razón de Q22.6 millones mensuales.
Como consecuencia de este aporte, la AEAU firmó el convenio 01-2009 con el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en donde se estableció que del aporte mensual Q18 millones sería destinados para el subsidio del diésel, Q4 millones para la contratación de mil agentes de seguridad y Q600 mil para realizar mejoras a los buses en mal estado.
No obstante, los Q255 millones no fueron suficientes debido a que la AEAU decidió contratar a otros mil agentes de seguridad lo que incrementó los gastos mensuales en otros Q4 millones. Esto permitió que la cantidad aprobada en el presupuesto de 2009 solamente alcanzara para subsidiar el transporte hasta septiembre de ese año.
De esta cuenta, el presidente Colom, en Consejo de Ministros, decidió autorizar un segundo aporte a la AEAU de Q79.8 millones para cubrir el subsidio de octubre, noviembre y diciembre de 2009. Este segundo aporte para los transportistas en 2009 fue creado a través del Acuerdo Gubernativo 281-2009, publicado el 4 de noviembre de 2009 y entró en vigencia un día después.
A pesar de la contratación de los agentes de seguridad, que según documentos legales deberían custodiar los autobuses, la ola de violencia en el transporte urbano fue incrementándose cada mes hasta llegar a dejar un saldo de 153 pilotos asesinados de enero de 2009 a la fecha. Según la Policía Nacional Civil, por lo menos 2 unidades del transporte son asaltadas todos los días en su ruta. Y la contratación de 2 mil agentes de seguridad pareciera no haber dado ningún resultado positivo ni disuadido la ola de ataques violentos en los autobuses.
Luis Gómez asegura que la violencia en los buses se debe en parte a las extorsiones. “A veces los pilotos no quieren agentes de seguridad en las unidades porque en las estaciones los extorsionistas les amenazan con su vida”. Además, reveló que únicamente el 30 por ciento de los autobuses cuentan con agentes de seguridad privada.
El aporte extraordinario de Q79.8 millones no estaba contemplado dentro del presupuesto de 2009, y los fondos fueron extraídos de las arcas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), que tiene una deuda flotante de Q2.2 millardos con varias firmas constructoras a través de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos.
Luis Pedro Rocco, representante de la asociación de contratistas del Estado, aseguró que “lo que el Gobierno hace al desviar dinero del presupuesto del Micivi hacia los transportistas es una mala jugada, ya que utilizan recursos que les servirían para sufragar sus deudas con los constructores”. El empresario indicó que por lo menos, un 60 por ciento de las empresas contratistas tiene serios problemas económicos debido a la falta de pago de Micivi.
El abogado Carlos Pop considera que la mala planificación del presupuesto es la causa del desorden de recursos. “Estamos ante un claro ejemplo de lo que no se debe hacer"
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
11 comentarios: