Una serie de denuncias realizaron las organizaciones.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron sus objeciones ante la Corte Suprema de Justicia acerca de nueve de los candidatos a Fiscal General de la República, por considerar que no reúnen los requisitos de idoneidad y honorabilidad necesarios.
Las acusaciones varían desde mantener supuestas prácticas “irresponsables” como abogados, tal es el caso de Mauricio Rolando Izquierdo a quien sindican de la interposición de recursos improcedentes hasta violación a los Derechos Humanos bajo un cargo sostenido. Esto sucede con Ángel Antonio Conte Cojulum, a quien sindican de que las “fuerzas de seguridad bajo su cargo cometieron abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos documentados en informes nacionales e internacionales”.
El abogado Alexis Calderón es señalado por dictar una condena menor en el asesinato del lechero Pedro Sas Rompich cuando fungió como juez de sentencia. Calderón indicó que esa resolución tiene más de diez años y que fue apegada a derecho.
Los abogados Luis Alfonso Carrillo Marroquín y José Eduardo Martí, señalados de haberse copiado los planes de trabajo, dijeron que “el resumen de plan de trabajo de ambos tenga el mismo contenido sólo significa que en caso de que cualquiera de los dos tuviera el honor de cumplir con la responsabilidad para afrontar ese cargo… tendría el mismo enfoque”.
Los señalados son: Mauricio Izquierdo Ávila, Ángel Conte Cojulum, Leopoldo Liu González, Edgar Enrique Lemus Orellana, William René Méndez, Luis Alexis Calderón, Óscar René Portillo Donis, Luis Carrillo y José Martí.
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