“Las empresas de seguridad privada alimentan la debilidad de las instituciones públicas”

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Detrás de las garitas, de los uniformes y las armas de los policías privados, se esconde un negocio creciente, quizás el único sector al que la violencia le representa ingresos. Los vecinos se organizan y pagan a una empresa, sin tener muy claro si esa es la solución o sólo un paliativo. “La seguridad privada se nutre de la pobreza e impunidad laboral, pero también de la alta desesperación ciudadana”, dice Otto Argueta, experto en temas de seguridad. Esa desesperación lleva a que los ciudadanos gasten anualmente US$574 millones en empresas de seguridad privada, mientras el Estado sólo desembolsa US$251 millones en seguridad pública.

Argueta es especialista en seguridad ciudadana y ciencias sociales, actualmente está finalizando su doctorado en el Institute of Latin American Studies (GIGA) en Alemania. En esta entrevista a través de correo electrónico analiza el tema y desvela aspectos de la seguridad privada que sorprenden. Su tesis doctoral se titula Seguridad privada en Guatemala, factores y efectos en la democracia.

Dado que el Estado ya demostró no ser capaz de brindar seguridad, ¿lo más oportuno es privatizarla?

– Definitivamente no. Ningún país tiene privatizado, en su totalidad, dicho servicio. Comúnmente se piensa que la proliferación de la seguridad privada es el producto de la incapacidad de las instituciones públicas. Al revisar con detenimiento la forma en que prolifera en diferentes sociedades, se puede observar que en el caso de sociedades de posguerra, como Guatemala, la seguridad privada se ha fortalecido de manera paralela al conflicto armado y, por el contrario, ha sido un factor que contribuye a la debilidad de las instituciones públicas de seguridad y no así un complemento o sustituto de la seguridad pública, como se piensa.

El sector privado de la seguridad retroalimenta la debilidad de las instituciones públicas y al mismo tiempo se nutre de dicha situación. De ahí que privatizar la seguridad es una falacia ya que es un servicio privado destinado a generar únicamente percepción de protección, pero no condiciones de seguridad que es la tarea del Estado. Una privatización formal es inviable, lo preocupante es la privatización informal de la función de seguridad del Estado. Las empresas de seguridad privada necesitan de una Policía Nacional Civil (PNC) débil, pobre, limitada, mal pagada y por supuesto corrupta ya que, en términos empresariales, se mantiene así anulada la “potencial competencia”.

El sector de la seguridad privada nació del interior de las instituciones públicas de seguridad desde los años setenta y vive de la permanente delegación informal de la función estatal de seguridad. Privatizarla es renunciar a la idea de Estado y acentuar el camino hacia su colapso.

La seguridad en Guatemala es también una forma de inequidad, porque sólo aquel que puede pagarla la tiene. ¿Qué piensa de eso?

 – Definitivamente cierto. De ahí que uno de los principales efectos que produce la proliferación de las empresas de seguridad privada es limitar el acceso ciudadano a la seguridad como bien público y desviar hacia el sector privado montos de capital que bien podrían invertirse en bienes públicos. De aquí se derivan varios problemas. Por un lado, en el mercado de la seguridad privada en Guatemala existen múltiples niveles de calidad y costo ajustados a diferentes grupos de consumidores. Esta situación, que en el discurso empresarial es la expresión de la libertad de mercado, en el contexto guatemalteco es en realidad el resultado de la ausencia de controles y estándares de calidad, lo cual en la mayoría de los casos se expresa en acciones de tipo ilegal. Desde servicios exclusivos accesibles a grupos elite, hasta servicios precarios para grupos de menos recursos. Ambos extremos son peligrosos ya que al no haber regulación y límites, tanto un grupo elite contrata un servicio para resolver al margen de la ley un problema personal, como lo hará un ciudadano con menos recursos si se le presenta la oferta adecuada. De ahí que la estandarización de los servicios no debería depender del precio de estos. Al contrario, la estandarización la estipula el Estado en materia de protección del consumidor de un servicio de seguridad: edad de los agentes, profesionalización, control de armas, transparencia de capitales...

El motivo por el cual se argumenta que es necesario para las empresas de seguridad mantener el nivel de edad por debajo de los 18 años, es porque así pueden pagar salarios sumamente bajos. Guatemala es un país en donde más de una cuarta parte de la población está dentro de los 18 a los 25 años, población joven, pobre y desempleada. La inequidad también está en las condiciones laborales que estas empresas ofrecen: salarios bajos, ausencia de seguro social, capacitación, estabilidad laboral, asistencia jurídica. En materia laboral, las empresas de seguridad se comportan igual que una maquila, que el trabajo en el campo, con el agravante que los trabajadores portan armas y ponen en riesgo sus vidas.

En materia de inequidad ¿qué opción le queda al grupo social que no puede pagar ningún tipo de seguridad privada pero que tampoco goza de la seguridad pública? Sentirse desprotegido en una sociedad desigual es un factor de riesgo para el aumento de la violencia. Esto no quiere decir de ninguna manera que los más pobres sean criminales. Quiere decir que a mayor exclusión y marginalización mayor búsqueda de opciones informales de autodefensa: limpieza social, vecinos que se turnan para vigilar, reactivación de mecanismos violentos y autoritarios heredados de la guerra, linchamiento, y más.
Existen en Guatemala muchos más policías privados que públicos. Los primeros reciben una capacitación de 15 días, los segundos deben pasar por una academia. ¿En manos de quién está nuestra seguridad?

– Quince días es mucho decir. Según la investigación que realizo he podido constatar que la supuesta capacitación no dura más de dos días. En términos muy generales, el proceso es el siguiente: la empresa ofrece empleos en ciertas cabeceras departamentales buscando captar población joven, campesina, no capacitada y que estén dispuestos a migrar a la capital por un salario que con suerte será el mínimo. En la empresa se llena un formulario para lo cual se cuenta con asistentes ya que los niveles de escolaridad son poco menos que los primarios. Esto está claro si se toma en cuenta que uno de los requisitos es hablar español y saber leer y escribir, sin especificar el grado de escolaridad.

Se da un curso de 48 horas en donde se les brinda rudimentos básicos de control de accesos y cómo tratar con los clientes. El tema de armas se limita a aprender a cargar y descargar el arma. Mientras menos tiempo invierta la empresa en ubicar al nuevo trabajador en un puesto de trabajo, mayor será así la inversión que hace en dicho agente. Si la necesidad es urgente, el agente será ubicado sin ningún tipo de control y capacitación. Si el cliente desea un agente con experiencia en el manejo de armas, la empresa ofrece el servicio de entrenamiento, lo cual deberá pagar el cliente.
Lo interesante de la pregunta de en manos de quién está la seguridad es develar aquella parte del sector de la seguridad privada que no vemos diariamente: accionistas, propietarios, vendedores de armas, investigadores, productores de inteligencia, agentes encubiertos, entre otros, que forman parte del servicio privado de seguridad que un ciudadano con ingresos elevados puede contratar.

Muchos de los policías privados vienen del Ejército. ¿Es una ventaja o desventaja?

– Hay varias cosas qué entender aquí. La primera es que la idea de que los guardias son ex militares es cada vez menos común. Durante el conflicto armado, el servicio militar fue la “escuela de capacitación de personal” para las empresas privadas. Sin embargo, con la disminución del servicio militar, los agentes con experiencia en el Ejército se hicieron más cotizados, por lo cual pasaron a formar parte de un tipo elite que por supuesto es más caro. Por esa razón y para satisfacer un mercado creciente se difundió la figura del guardia común (la típica imagen de un joven con una escopeta que no genera ningún tipo de seguridad) el cual no tiene ningún tipo de experiencia, que sólo sirve de disuasivo y que casi con seguridad no sabrá reaccionar en un momento de crisis o lo hará de forma completamente equivocada. Este es el tipo de guardia que más se contrata en Guatemala porque es el más accesible.

El guardia inexperto, con bajo nivel de escolaridad, pobre y seguramente con mucho miedo a la capital, al cliente, a los vecinos prepotentes, a los criminales, al arma que porta, es el guardia más difundido. Ese tipo de guardia es en realidad una víctima de la desigualdad social de la cual se nutre el negocio de la seguridad privada al reproducir los patrones de explotación del campo y la maquila.

Los militares han estado vinculados al negocio de la seguridad desde los años cincuenta, primero a través de la Policía Militar Ambulante (PMA) y luego a través de empresas privadas o bien como asesores privados. La seguridad privada ha sido una “opción de retiro activo” para los militares ya que por un lado les genera ingresos, pero por otro lado, les permite seguir en contacto y con control de estructuras de seguridad. El nivel de problema que esto genera dependerá del tipo de militar que se trate: una cosa es la incorporación de soldados, otra la de oficiales de mediano y alto rango.

La incorporación de militares en la seguridad privada ha sido un problema dado que no existió ningún tipo de control sobre las personas que salieron del Ejército producto de la desmovilización tanto de oficiales como de soldados. Además, hay oficiales de alto rango que se incorporaron luego de golpes de Estado y que encontraron en la formación de su empresa una manera de continuar con la vida militar.

En algunos casos, las empresas de seguridad han sido un manto de impunidad, de ahí que la proliferación de empresas “fantasma” se dio luego del proceso de reducción del Ejército. En otros casos, las empresas de seguridad fueron fundadas como una opción para personas que fracasaron en su carrera militar.

Lo que se busca como beneficio es la obediencia y disciplina propias de los militares pero para los guardias, para los investigadores y analistas se persigue continuar la lógica de la inteligencia militar y el estilo conspirativo de la seguridad en Guatemala. Esta situación perpetúa el autoritarismo y la militarización de la sociedad. Por otro lado, ha sido un problema dado que la ética militar se convierte en cultura militar, y la lógica de jerarquías y fidelidades continúa aún fuera de la institución armada reproduciéndose en lo privado. El ejemplo común es cuando los oficiales de la PNC intentan hacer un control en una empresa y resulta que el propietario o supervisor es un antiguo oficial de alto rango que exige, en lo privado, obediencia.

Históricamente la Policía Nacional ha estado supeditada, primero al Ejército y ahora de manera informal, al sector privado. Cualquier intento por mejorar las condiciones laborales y profesionales del sector público es interpretado como una competencia desleal por el sector privado y dado que los empresarios de la seguridad conservan importantes cuotas de poder político y de cabildeo dentro de las instituciones públicas y el Congreso, es propio pensar que la proliferación del sector privado de la seguridad ha sido a costa de un bloqueo sistemático del sector público.

¿Hay otra solución para las familias guatemaltecas, que no sea la contratación de seguridad privada?

– Lo fundamental es el ejercicio ciudadano de exigir al Estado que preste los servicios que le corresponden tanto el de seguridad como el controlar a las empresas de seguridad. Esto implica fortalecer las instituciones del Estado, enfrentar las estructuras corruptas y la penetración de intereses privados que ejercen poder de veto en la arena política. Exigir que al guardia se le respeten sus derechos laborales y que el propietario cumpla con las leyes en todo sentido. Las opciones no las debería dictar el mercado, ya que serán orientadas a la compra de armas o contratación de empresas, que está demostrado que no funciona y solamente alimenta el círculo de violencia.

¿Quién regula a la seguridad privada?, me da la impresión de que tienen muchas más libertades que la PNC.  

– Lo que parece ausencia de controles es más bien la supremacía de reglas informales que controlan a quien controla. No saber con exactitud cuántas empresas hay, quiénes las dirigen, quiénes son los propietarios, cuánto deben pagar de impuestos, quiénes son sus trabajadores, cuántas armas tienen, qué operativos implementa, qué investigaciones realizan, a quiénes protegen, qué información poseen, no es más que la expresión de la secretividad en la cual operan dichos servicios. Así, el caos de información no es más que un mecanismo de reproducción de la impunidad y refuerza la idea de un tipo de seguridad dominado por la desinformación y el encubrimiento, antes bajo el manto de la doctrina de Seguridad Nacional, ahora bajo el manto de la doctrina de libertad de empresa.

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