Después del trueno…

Séque tanto la Ley de Acceso a la Información así como la ley que regula las Comisiones de Postulación fueron propuestas e impulsadas por personas decentes que creyeron honestamente que incidirían en transparentar acciones y procesos del sector público.
Sin embargo, la ingenuidad de ese pensamiento salta hoy día a la vista con mayor fuerza, ahora que amparados en ley, mantienen en reserva las transacciones e inversiones que no conviene a los poderosos funcionarios y a sus protegidos, y en el caso de las Comisiones de Postulación ahora que se evidencian las porquerías que se juegan en esas comisiones, que ya con una ley, le han dado atole con el dedo a las organizaciones civiles que con convicción y patriotismo se han esforzado en dar seguimiento a los procesos.

Ya con anterioridad se vislumbró la inoperancia de la ley con la elección de magistrados de las Cortes que incluyó a varios indeseables y el consiguiente premio de consolación para la sociedad civil, con dejar que al menos se lograra alguna depuración. Sin embargo, hoy, con el nuevamente viciado proceso de selección al cargo de Fiscal General, seguramente se comprenderá la perversidad que se concreta con un mecanismo que sigue desvirtuado y que sólo da apariencia de legitimidad.
Recién me entero por las noticias que en sólo 20 minutos se seleccionó a los 6 candidatos, lo que nuevamente evidencia las mañosas negociaciones de las Comisiones de Postulación, ahora con una guía normativa que les permite perfeccionar estrategias en un espectáculo montado de aparente legalidad y transparencia utilizado como coartada en el juego sucio politiquero. Por cierto, de esos 6 nombres saldrán también los 3 integrantes al Consejo del MP.
Es de lamentar que se ignoró el sustento legal de un postulante que fue injustamente excluido por razones de forma porque seguramente habría sido de los candidatos con más alta calificación. La razón obvia, que tenía protagonismo reciente ni contaba con los padrinos requeridos para ingresar en la lista de los preferidos.

La experiencia sólo puede llevar a una conclusión, que no es nuestra favorita, pero que se plantea como una necesidad de cambiar el procedimiento actual, lo que requeriría de una reforma constitucional que excluyera la figura de las comisiones de postulación y se formalizara la carrera profesional para fiscales y jueces a efecto de que los procedimientos de selección de sus autoridades salgan de esas instancias y no de intereses políticos y grupos de presión.
 Y cómo dejar de señalar la vergüenza de un Congreso integrado por una mayoría de oportunistas inescrupulosos, que decidió sacar de agenda las siete leyes esenciales que ha venido impulsando CICIG para desentrampar la normativa que dificulta la investigación y el procesamiento de los criminales porque como dicen, “con esas leyes nos caerán a todos”.
Pero el crimen sigue creciendo y las víctimas y sus familiares siguen con la tristeza y la impotencia de no encontrar consuelo en los órganos de justicia ni apoyo en otras instituciones como el Congreso y el doble “standard” de la mayoría de sus miembros.
Para concluir, de los profesionales escogidos, solo dos podrían ejercer la jefatura del MP aceptablemente y aún mejorar la situación con el debido respaldo institucional, pero seguramente no son los preferidos de la pareja presidencial. Así que nos espera una continuidad en la sumisión a los intereses del gobernante, o algo peor, un deterioro mayor con alguien que consolide las mafias en esta era del terror.

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