¡Comérsela quiere!

Me he estado refiriendo profusamente a la institución el Ministerio Público y lo seguiré haciendo, por lo que me parece adecuado hacer una declaración innecesaria, pero que considero obligada: habré de ser, en este caso, amigo lector, la excepción que confirma la regla puesto que hablo, y seguiré hablando, pero sin interés alguno por comérmela. En otras palabras y, en dos platos, no tengo interés alguno por volver.
En algún momento me hubiera gustado hacerlo y estar al frente de una institución que cuenta con los recursos económicos y humanos que no tuvo mi gestión –escasos 18 meses que hicieron historia. Sin embargo, “sesudas” omisiones de postulación –esta fue mejor, sin duda, que las otras– se inclinaron por opciones distintas y su predecible resultado. A las simples pruebas, me remito. El contubernio no ha arrastrado tan sólo a las comisiones de postulación sino a algunas de las entidades “de la sociedad civil” –aquellas que, tirando la piedra y escondiendo la mano–, han estado al frente –entre otras cosas– del rimbombante Consejo Asesor de Seguridad, sin asumir responsabilidad alguna ¡faltaba más! por la inseguridad en que vivimos, plataformas de extraños intereses: la captación de recursos extranjeros y la promoción personal de sus figuras…

Lo hecho, hecho está y no admite remedio alguno.Sin embargo, lo que sí tengo es un especial interés porque la institución funcione en el futuro y ello me obliga a desenmascarar el por qué de su fracaso.
Todos los fiscales generales, desde el primero hasta el último, han sido víctimas de un “ordenamiento jurídico” que pulverizó la jerarquía constitucional de mando en esta institución, ya que, entre otras cosas, las decisiones disciplinarias de su jefe pueden ser revocadas por sus propios subalternos. En inteligencia, esto ¡es el colmo! con quienes compitieron por el cargo. ¿Se imagina usted el desmadre, la presión y el tráfico de influencias? Tal el inconstitucional “Consejo”.
Todos, además, han incurrido en el gravísimo error conceptual –inducidos por el ordenamiento jurídico ordinario– de abandonar –literalmente– su función primera: velar por el estricto cumplimiento de las leyes, una función que –cumplida– arrastra al exitoso cumplimiento de las otras pero que, fracasada u omitida, determina que fallen las restantes. ¿Qué no? A las pruebas me remito. Viendo los toros desde la barrera –sin interés personal alguno por ocupar el cargo– me siento con más autoridad para señalar, sin más, cuanto debe señalarse. “Al di sopra ogni sospetto…”

La culpa no la tienen Ramsés Cuestas –este menos– el Fiscal General primero a quien los depurables ahogaron de expedientes, ni Héctor Hugo Pérez Aguilera o Adolfo González Rodas –ambos penalistas y mi maestro, este último– ni Carlos De León Argueta o Juan Luis Florido y –muchísimo menos– Amílcar Velásquez Zárate, fuera ya de la lid, hombre surgido de la institución, desde la base, y con sus promociones bien ganadas.
Llegue quien llegue, si no se restablece la autoridad del Fiscal General y si no se erradican las inconstitucionalidades que la aplastan, ¡óigase bien!, fracasará.  ¡Eliminen el órgano inconstitucional que ha asfixiado a la institución y restitúyanle su función primera! ¿Por qué será que no quieren entenderlo? ¿Usted qué opina?

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