Dicen que los candidatos ideales para Fiscal General eran Amílcar Velázquez y Gloria Porras. Ambos tenían las ejecutorias para optar al cargo, y contaban con la ventaja de tener una trayectoria en el Ministerio Público que ha contribuido a dinamizar el trabajo de esa entidad.
Velázquez Zárate le abrió la puerta del MP a la CICIG y bajo su mandato se logró llevar a proceso al ex fiscal Álvaro Matus, uno de los presuntos colaboradores de Juan Luis Florido en el entrampamiento de procesos criminales claves. También se aceleró la investigación del asesinato de Rodrigo Rosenberg, la captura de Alfonso Portillo y, más recientemente, se logró detener a varios supuestos implicados en el asesinato del investigador Víctor Rivera.
A Gloria Porras se le atribuye haber detenido el avance de las mafias existentes en el MP, y haber administrado de manera responsable esa entidad. Según me cuentan, Porras no tiene miedo a jugársela en situaciones difíciles.
De acuerdo con los grupos pro derechos humanos, la continuidad hubiera sido la mejor salida en un escenario en el que ninguno de los aspirantes era ese superhombre o supermujer que necesitaría el país para reducir la impunidad. Por su parte, los grupos pro justicia, no veían mal a Velázquez Zárate, aunque algunos hubiesen preferido a Porras.
Pero miren ustedes cómo la política propone y la realidad dispone. Del lado de la CICIG, hubo cabildeo abierto por Velázquez Zárate y se logró conjuntar un frente a favor del fiscal interino. Todo iba bien hasta que el pobre fiscal patinó de esa manera tan vergonzosa frente a la Comisión Postuladora. Su desempeñó fue descolorido, incoherente y falto de carácter.
Para mientras, ya se habían echado a rodar rumores de que Gloria Porras simpatizaba con la Primera Dama. Rumores, que para fortuna de la secretaria general del Ministerio Público, no le restaron apoyo entre las dos vertientes de ONG dedicadas a derechos humanos y justicia. Pero al final, la Comisión Postuladora decidió que siempre no y la dejó fuera.
La lista que nos dieron incluye a dos ex funcionarios del MP, Leopoldo Liú y a Renato Durán Menéndez, cuestionados por mal desempeño, y a otra abogada carente de experiencia penal. Julio Rivera Clavería tiene el inconveniente de no acreditar estudios de posgrado.
En la selección que se envía al Presidente hay dos abogados con experiencia como litigantes, Conrado Arnulfo Reyes y Enrique Lemus Orellana. El primero fue magistrado suplente en el ramo penal y ha acreditado una amplia lista de cargos como asesor y consultor en proyectos de esta índole. El segundo ha sido mandatario en casos penales del Ministerio de Finanzas y actualmente lo es para la Asociación de Azucareros de Guatemala. Reyes trabajó para la AMCHAM y obtuvo su doctorado en la Universidad Francisco Marroquín en tanto que Lemus espera obtenerlo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ambos parecen ser, de la lista que formó la Comisión, los abogados más sólidos en términos de experiencia. No sería extraño que entre ellos 2 escogiera el Presidente al nuevo Fiscal General.
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