La legisladora afirma que los querellantes han sido manipulados, mientras que Cohesión Social la acusa de “justificar la falta de hallazgos” en la fiscalización.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, dijo ayer que los beneficiarios de Mi Familia Progresa (Mifapro) han presentado 72 recursos de amparo en su contra en diversos juzgados de Primera Instancia Penal, para exigir que sus datos personales no sean publicados.
Según Montenegro, los recursos fueron interpuestos por beneficiarios individuales en juzgados de Guatemala, Baja y Alta Verapaz, Quiché y Palencia, en diferentes fechas a partir del día siguiente que el Gobierno le hiciera entrega de los listados de beneficiarios. Todos los querellantes están representados por los mismos tres abogados.
“Siento que (los juzgados de Primera Instancia Penal) no tienen competencia porque yo no soy una ciudadana común y corriente. Como diputada tengo derecho de antejuicio. Por eso pedí que todos los amparos se unificaran y se enviaran a la Corte de Constitucionalidad”, dijo.
Montenegro indicó que “todos los recursos usan el mismo machote”, lo cual, a su criterio, levanta sospechas sobre la posible manipulación política.
“Esto suena a un pretexto para tratar de justificar la falta de hallazgos. Como no encontró nada dijo que había recibido amenazas de muerte y ahora esto”, afirmó Edgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social, quien comentó que hasta ayer no había tenido conocimiento de las acciones de los beneficiarios de Mifapro.
Rosales explicó que los amparos responden a acciones independientes tomadas por los beneficiarios y negó que el programa les haya provisto ayuda legal o recursos económicos para sufragar el gasto. “La diputada piensa que por ser gente humilde no puede defenderse, no sabemos si la diputada está dando nombres de personas que realmente existen”.
Cuestionada sobre la posibilidad de que los amparos sean falsos, Montenegro respondió: “¿Entonces estoy yendo por gusto a los juzgados? Ese hombre (Edgar Rosales) está loco”.
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