En un listado de consultores de proyectos para esa entidad se incluye al ahora Ministro de Economía y al ex director de Pronacom, que devengó US$109 mil.
En 2001, el Congreso aprobó un préstamo por US$60 millones con el auspicio del International Bank for Reconstruction and Development (BIRF).
Durante el largo recorrido de su ejecución –que incluso fue suspendida durante 3 años por dudas en la transparencia– consultores del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), asociaciones, cámaras, agencias de publicidad, de relaciones públicas y editoriales devengaron US$8.8 millones.
Con el préstamo Pronacom BIRF 7044/OC- GU se pagó el sueldo del entonces director de la entidad y actual ministro de Economía, Rubén Morales, por US$109 mil 458. Julio Estrada, actual director de la entidad, no especifica si se trata de un salario anual o lo que devengó a lo largo de 5 años.
Otros salarios elevados son los de Susana Ortiz de Aguilar, “técnico ejecutivo del Eje Estratégico 5: Desarrollo de Infraestructura Productiva y Tecnológica”, por US$112 mil 765.34. Adriana Gabriela García, asesora de proyectos y cooperación, devengó US$101 mil 440.61; el gerente general, Carlos Rodolfo Batres USD$180 mil 237.1; la coordinadora de comunicación social, Claudia Janette Flores, cobró US$117 mil 469.44.
A expositores participantes en foros se les pagó US$3 mil y US$2 mil 503 a una agencia de monitoreo de medios de comunicación.
Según la versión de Julio Estrada, director de Pronacom, el préstamo se detuvo 6 meses después de su aprobación en 2001. “El banco lo congeló hasta el 2004 por dudas en la ejecución. En 2004, se planteó la agenda nacional de competitividad y se definió un paquete de intervenciones económicas que tuvo como resultado la ampliación del préstamo hasta 2009”, explica.
Estrada aclara que el préstamo terminó de ejecutarse en junio de 2009. “Teníamos un techo presupuestario que ahora aparece en 2010 porque se quedó el mismo presupuesto del año pasado. El préstamo se ejecutó en un 85 por ciento”.
En 2004, se conformó la Oficina del Comisionado Presidencial para la Inversión y Competitividad. Sus dos entidades ejecutoras son: el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y la Agencia de Promoción de inversión Extranjera Directa, Invest in Guatemala.
Según el director de Pronacom, el trabajo de los 410 consultores y firmas consultoras tuvo fines importantes. Ejemplifica que se hicieron bases de licitación para 12 áreas de explotación petrolera. Además, procesos para certificar la exportación de plantas ornamentales y homologar condiciones ante la Oficina de Control de Agricultura de Estados Unidos, y la certificación de productores de xate.
También se puso en marcha un proceso largo para la certificación de software, que le dará el derecho a una empresa –que lo haga adecuadamente– de participar en licitaciones internacionales. Otro ejemplo, amplía Estrada, fue el de la implementación del reglamento de la Ley de Garantías Mobiliarias.
Casi la mitad del personal de Pronacom y de Invest in Guatemala fue pagado con esos recursos. En cinco años, Estrada calcula que el pago de salarios de esa plantilla fue de US$1.5 millones.
A Danilo Aguilar, representante del Sindicato del Ministerio de Economía, los gastos le parecen sumamente abultados. Advirtió que solicitarán una auditoría detallada de la inversión del préstamo destinado originalmente al apoyo de encadenamientos productivos y a las regiones pobres de Occidente, dice.
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