El gobierno de los EE.UU. renovó por 18 meses más el denominado Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños y nicaragüenses que se encuentran en territorio estadounidense, para quienes ese permiso vencía el próximo 5 de julio.
El gobierno de los EE.UU. renovó por 18 meses más el denominado Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños y nicaragüenses que se encuentran en territorio estadounidense, para quienes ese permiso vencía el próximo 5 de julio.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU., en un comunicado, expresa que: “Las condiciones que llevaron a la designación de TPS en 1999 luego del desastre ambiental causado por el huracán Mitch persisten” para los ciudadanos de Nicaragua y Honduras. Cabe recordar que los ciudadanos salvadoreños también se encuentran amparados bajo el TPS.
El TPS permite trabajar legalmente en los EE.UU. y, por supuesto, no ser objeto de deportaciones o encarcelamientos por falta de documentación legal, sobre todo en estos momentos en que se ha desatado una fobia contra los inmigrantes en los Estados Unidos.
Conviene traer a colación que el pasado sábado 24 de abril la gobernadora del estado de Arizona (EE.UU.), Jan Brewer, promulgó la Ley SB 1070, que aprobó el Congreso de dicho estado, mediante la cual se obliga a funcionarios y agencias estatales, incluida la Policía, a aplicar las leyes federales de inmigración; y, asimismo, tipifica como delito la no obtención de documentos migratorios, así como contratar, transportar o dar albergue a indocumentados. Además, obliga a la Policía a interrogar a cualquier persona que considere potencialmente sospechosa de ser inmigrante ilegal.
El huracán Mitch no solamente causó estragos en Honduras y Nicaragua, sino que también en Guatemala, por lo que en el aquel momento fatídico el Gobierno estadounidense ofreció a los guatemaltecos el TPS. Sin embargo, el entonces presidente Álvaro Arzú (1996-2000) rechazó el beneficio, bajo el argumento de que los guatemaltecos no necesitaban ese tipo de apoyo. La cauda trágica que dejó tras de sí la referida tormenta, que azotó Centroamérica a finales de octubre de 1998, fue de 20 mil muertos y desaparecidos, así como daños por valor de US$6 millardos 676 millones.
Los gobiernos guatemaltecos que han sucedido al de Arzú entendieron que la decisión de este acusaba una alta dosis de prepotencia e inconsciencia, por lo que han solicitado, sin éxito, el bendito TPS para nuestros compatriotas en territrorio estadounidense. ¡Tarde para retractarse!, pareciera ser la respuesta reiterada del gobierno de los EE.UU. ¡Qué daño más grande!
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