En noviembre de 2008 murieron de forma brutal siete reclusos. Cinco de sus cabezas fueron exhibidas por un grupo de pandilleros.
Redacción BIG
Un tramo de terracería de al menos un kilómetro y medio los separa de la carretera principal al Centro de Rehabilitación Pavoncito, en Fraijanes. El ingreso a este lugar es custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Las mallas electrificadas evitan que los habitantes de este lugar abandonen lo que deberán considerar su casa, por lo menos hasta que se dicte un fallo judicial o terminen de purgar las penas impuestas.
Adentro, cualquiera pensaría que se encuentra en algún pintoresco pueblo de Guatemala. Los niños corren, y se montan en un sube y baja o se tiran de un resbaladero. Es el mismo lugar donde los pandilleros mostraron como trofeos las cabezas de cinco personas decapitadas que consideraban sus rivales en noviembre de 2008. En total se reportaron siete muertos.
Con aportes de estudiantes de la carrera de Derecho, personas particulares y de los propios reos, se han efectuado varios cambios. Brocha en mano, los prisioneros pintan una construcción abandonada. Pretenden que se implemente una pequeña maquila de overlock y máquina plana. Aspiran a que les paguen el salario mínimo. Ya consiguieron un contrato para elaborar botas y comercializarlas. Planifican la creación de la Cooperativa Integral de Comercialización Torre Fuerte, adscrita a la cartera de Gobernación.
Además de aprender a elaborar hamacas o pelotas, los reos pueden trabajar en una pequeña recicladora, construyeron un estanque improvisado para crianza de peces y echaron a andar una panificadora.
La cárcel cuenta con un área de comercialización, donde los internos han instalado un pequeño mercado, un comedor y hasta un gimnasio. La condición para pertenecer a estos grupos de trabajo consiste en que los internos no sean pandilleros.
El sitio donde ocurrió la masacre de siete personas fue convertido en una iglesia evangélica. En el sector conocido como Alaska se habilitó una carpintería y en una antigua celda de castigo se instaló la panadería.
La responsabilidad de buscar programas para reinserción de los reos, como lo establece la Ley del Régimen Penitenciario aprobado en 2006, la han asumido los propios internos.“Las autoridades de presidios nunca lo van a hacer porque aquí sólo han existido fantoches y aprendices de políticos que no han implementado nada”, explica el impulsor de los proyectos, Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi.
“Los que gobernaban este lugar eran los mareros y decían que tenían un grupo de orden, pero cuando miraban a los familiares de los internos les robaban sus pertenencias. Por eso nos organizamos”, indica el interno Edgar Adolfo Sánchez, condenado a 50 años de prisión por el delito de asesinato.
Grupos de reclusos aprenden a leer y a escribir, reciben cursos de inglés, portugués, computación, mecanografía y la carrera de bachillerato, algunos impartidos por otros internos. También se ha organizado un curso de Derecho para que los reos puedan tener conocimentos básicos de su proceso penal
Joel Esau Amaya Castillo, quien cumple una condena por robo de identidad es el docente de idioma portugués.
Las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) reconocen que a pesar de existir el Área de Rehabilitación Social en esa entidad, es imposible cumplir con las necesidades de la población reclusa, por ello los presos tienen la opción de organizarse e impulsar programas de trabajo, con el aval de esta institución. “Se da cabida a sus gestiones por cuestión de presupuesto pues con lo que tenemos se hace lo que se puede”, dice Rudy Esquivel, vocero del SP.
Luis Ramírez director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, refiere que es importante dotar de un proyecto de vida a las personas privadas de su libertad. “Los internos son jóvenes en su mayoría. Cada vez que se construye una cárcel sólo se piensa en un depósito humano donde se coloca lo que la sociedad ya no quiere. El trabajo y el estudio son un mecanismo para dar una oportunidad de reinserción a la sociedad. Es importante crear opciones, pero no hay voluntad política. Este no es un problema solo de Gobierno. Debiera involucrarse la misma sociedad para apoyar este tipo de políticas con el fin de adaptar a la gente para cuando salga de prisión”, asegura el académico.
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